Cumbre plantea lucha anticontrabando y 8 propuestas de reactivación económica
El contrabando es el principal problema identificado por todos los empresarios que asistieron a la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva y en ese sentido plantearon una lucha frontal contra la ilícita actividad, además de otras ocho propuestas.
El evento fue organizado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Cámara Nacional de Comercio (CNC) y contó con la presencia de más de 1.000 actores productivos, representantes de 155 asociaciones empresariales y autoridades de todo el país.
En el encuentro los diferentes gremios coincidieron en que el contrabando es un problema central y por eso uno de los pilares para la reactivación productiva pasa por una lucha efectiva contra este delito porque tiene directa relación con la informalidad.
Esta ilícita actividad tiene que ver a su vez con las dificultades para el acceso a financiamiento, la imposibilidad de ampliar la capacidad productiva y el deterioro de las condiciones laborales.
Según el presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa (Conamype), Agustín Mamani, el contrabando es un tumor que crece cada día. “Vemos con preocupación cómo ingresa el contrabando de forma libre por las fronteras, es fácil ver cuando vamos a la feria que los productos usados ganan espacio y se cierran unidades productivas, se deja de generar fuentes de empleo y la gente se va a Chile, Argentina y España”, precisó.
Durante el encuentro los empresarios plantearon la necesidad de modificar la normativa vigente para que el delito de contrabando se tipifique a partir del ingreso de mercadería ilegal por valor de 10.000 UFV, en lugar de las 200 mil UFV, como es hoy.
Otras propuestas
La cumbre también planteó otras demandas como 1) la necesidad de formalización del sector productivo a través de una política de simplificación y facilitación de la burocracia estatal y la reducción de las barreras y los presiones sobre los productores y emprendedores.
2) Los empresarios consideran que la regulación debe ser equitativa y fácil de cumplir. En ese ámbito, afirman que es necesario modernizar la normativa tributaria, laboral y comercial que rige al sector productivo.
3) Los empresarios demandan que el acceso al crédito se profundice y se modernice, sin afectar la sostenibilidad del circuito financiero, usando nuevas tecnologías.
4) Los empresarios afirman que el desarrollo productivo sólo es posible con alianzas público privadas, lo que significa que se debe ajustar las normativas de inversiones, empresas públicas y de conciliaciones.
5) Para el sector privado, el desarrollo de los mercados debe integrar a productores de todos los departamentos del país. El desarrollo del mercado nacional debe partir por integrar primero a los mercados locales, con la perspectiva final de exportar los excedentes.
6) Las nuevas formas de producción deben estar bajo un marco de desarrollo sostenible y sustentable, lo que además debe traer nuevas oportunidades de mercado y financiamiento.
7) Las políticas de digitalización, innovación y género son transversales. Todas las políticas públicas deben enfocarse desde una perspectiva de desarrollo innovador, con equidad de oportunidades.
8) La sustitución de importaciones requiere en principio el cambio de la matriz energética para dar espacio a otros productos. La importación de hidrocarburos representa el 25% de las importaciones del país.
El mensaje final de la cumbre, según los empresarios, es que la inversión del sector productivo debe ser el principal objetivo que se debe perseguir en el futuro.
Producción de alimentos
Ante el posible desabastecimiento de alimentos en el país, debido al incremento de los precios internacionales de los granos, principalmente del trigo y el maíz, Anapo planteó en la cumbre empresarial de ayer al Gobierno la necesidad “urgente” de un pacto productivo, la aprobación del uso de la biotecnología y la lucha frontal contra el contrabando.
Según datos de Anapo, la demanda interna de trigo ronda las 700 mil toneladas por año, que son cubiertas por unas 300 mil toneladas producidas dentro del país nacional (73%, en Santa Cruz), mientras que las restantes 400 mil llegan por la vía de la importación legal y por contrabando (principalmente harina de trigo).
Admiten que normativa no permite encarcelar a clanes
¿Por qué no hay clanes de contrabandistas en la cárcel? es la pregunta que se le formuló al viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Pedro Vargas, quien admitió que es un problema de la normativa legal vigente.
Para que el contrabando sea tipificado como delito, la mercadería introducida debe superar un valor de 200 mil UFV, cuando antes la Ley de Aduanas especificaba 10.000 UFV. “La normativa no está sujeta para sancionar o apresar a contrabandistas que meten estas mercancias. La normativa de 200 mil UFV pemite el ingreso de cinco camiones y por debajo de ese valor sólo se sanciona el hecho como una contravención”, precisó. La autoridad aseguró que una vez que se modifique la norma se podrá tener más personas en la cárcel.
Añadió que el ajuste a la legislación ya fue planteada a la Asamblea Legislativa.
Durante la Cumbre Empresarial de ayer, el microempresario Emilio Gutiérrez cuestionó a Vargas por qué se deja ingresar ropa usada.
La autoridad manifestó que existen los controles, pero no descartó posibles “actos de corrupción”. “Hay más de 20 oficiales que son juzgados en la justicia militar y ordinaria, cómo entra el contrabando, entra vía corrupción de algunos funcionarios públicos. En las Fuerzas Armadas somos inflexibles, se va a presentar cuántos se sancionaron”, precisó. La autoridad se comprometió a canalizar todas las demandas del sector privado y mejorar la lucha contra el contrabando. El año pasado se aumentó en 174% los efectivos contra la ilícita actividad.
Pagina Siete.