Expertos: Relator no cambiará la justicia y el Gobierno acatará partes de su informe
Expertos coincidieron en que el informe que emitirá el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, no marcará un antes y un después en el necesario proceso de reforma judicial. Los especialistas prevén que el Gobierno acatará sólo las partes que le convenga del análisis, así como pasó con el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).
El martes, García-Sayán dio inició a su agenda en el país y generó bastante expectativa. Familiares de policías, además de esposas de militares y cívicos de Potosí, realizaron una vigilia en inmediaciones de las oficinas del organismo internacional e indicaron que son “las verdaderas víctimas”.
El Grupo de Juristas Independientes presentó al Relator un dossier sobre cómo la independencia judicial “está gravemente afectada”. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también le entregó un documento de observaciones sobre el sistema judicial.
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Silvia Padilla, manifestó que la publicidad del Ejecutivo sobre la llegada de García-Sayán provocó una percepción errónea sobre las atribuciones del Relator, que a lo mucho -explicó- lo que podrá hacer es observar y emitir recomendaciones.
“No existe una obligatoriedad del Estado con respecto a las observaciones que vaya a realizar García-Sayán. El cambio en la justicia depende de la voluntad política, en específico del Gobierno. El marketing político lo hace ver al Relator como el salvador de la justicia y la gente que lo irá a ver está yendo con falsas pretensiones, porque no vino a solucionar sus problemas”, dijo.
Padilla sostuvo que cuando se publique el informe, “el Gobierno extractará las partes que le conviene y van a puntualizar que ellos no son los causantes de la debacle del Órgano Judicial”. La jurista prevé que el Ejecutivo argumentará que respeta la independencia judicial.
El constitucionalista Williams Bascopé indicó que el Ejecutivo, con la llegada del representante del organismo internacional, quiere mostrar una supuesta voluntad política para reformar la justicia.
“De esta visita no se puede esperar más que las recomendaciones, que serán evidentes. Pero la reforma judicial lo hará el país, la sociedad y en especial los políticos que tienen mayoría en el Parlamento. Lo primero que hay que hacer es cesar jueces, fiscales y vocales. Después hay que continuar con las escuelas de jueces y fiscales, necesitamos medidas de shock”, enfatizó.
El constitucionalista Carlos Böhrt expresó que García-Sayán ni siquiera se va a pronunciar sobre la crisis judicial, porque no es su atribución. Detalló que sólo puede recabar información y que elevará un informe sobre la independencia del sistema judicial, que es sólo un eje de la crisis actual.
“Hay que esperar a ver qué dirá el informe y cuál será la conducta gubernamental. Con la experiencia del informe del GIEI, es altamente probable que se repita el accionar. El Gobierno usa lo que le conviene y deshecha lo que le es adverso”, resaltó.
Recuperar credibilidad
El Ejecutivo suma al menos tres intentos fallidos de reforma judicial. El primero data del 3 de diciembre de 2020, cuando el ministro de Justicia, Iván Lima, impulsó la conformación de una comisión de juristas notables. El segundo data del 5 de febrero de 2021, cuando anunció la recomposición de dicha comisión en busca de garantizar que el equipo cuente con 50% de integrantes mujeres. Luego, a fines de ese mes, dio a conocer que se trabajaría en un conjunto de leyes. No obstante, ninguno de esos intentos prosperó.
El cuarto intento está vigente y se origina con la presentación que realizó Lima, el 1 septiembre de 2021, de un plan de seis ejes, además de una cumbre que está prevista para marzo de este año. Según el presidente Luis Arce, a través de Justicia, el Gobierno trabaja en la construcción de una propuesta de reforma judicial “con pleno respeto a los principios constitucionales de independencia, coordinación y cooperación entre órganos de poder”.
Políticos de oposición, analistas y activistas cuestionaron la injerencia del Ejecutivo en el sistema de justicia, desde marzo de 2021, cuando comenzaron las aprehensiones de exautoridades y exjefes policiales y militares. Además, observaron que desde el gobierno se anunciaba la inclinación de avanzar, a través de procesos ordinarios, en el caso de supuesto golpe de Estado.
El politólogo Carlos Cordero sostuvo que la llegada del Relator de Naciones Unidas, al momento, parece una estrategia de marketing político para limpiar la imagen del Gobierno y del titular de Justicia en torno a las denuncias de injerencia en el Órgano Judicial.
“La llegada de García-Sayán es positiva en el sentido de que también escuchará a la oposición. Pero forma parte de la estrategia comunicacional para mejorar la propia imagen de Lima y del Gobierno. El tiempo dirá cuáles son los logros que se tuvo en estas acciones para mostrar un cambio en la justicia”, manifestó Cordero.
Pagina Siete.