Activistas de DDHH piden al Vice apurar la elección del Defensor
Luego de la exhortación que realizó la Sala Constitucional Primera sobre la Defensoría del Pueblo, defensores de Derechos Humanos (DDHH) instaron a lanzar la convocatoria y resolver el tema del interinato en esa institución, aunque el vicepresidente David Choquehuanca, quien debe dar luz verde al proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aún no se pronuncia al respecto.
“Tenemos una Defensoría del Pueblo acéfala por mucho más de dos años, desde que el último defensor del Pueblo David Tezanos Pinto renunció al cargo. Esta exhortación que hace la Sala Constitucional Primera es absolutamente pertinente y debería ser cumplida por el vicepresidente David Choquehuanca, él está en la obligación de dar cumplimiento a esa exhortación y en el marco de la Ley 870 iniciar con el proceso de convocatoria pública”, indicó Marco Mendoza, investigador en temas de Derechos Humanos y Derechos de los pueblos indígenas y parte de la plataforma por el acceso a la justicia y los derechos humanos
Por su parte, el asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Franco Albarracín, apuntó: “Exigimos que se pueda elegir de una vez por todas a un defensor de Derechos Humanos que tome el mando de la Defensoría del Pueblo, no para beneficio de la oposición ni del oficialismo, sino para luchar por los derechos de los sectores más vulnerables. El interinato de la defensora actual ya superó los dos años y eso es absolutamente irregular, y de manera indirecta se genera una suerte de destrucción de la institucionalidad”.
En la misma línea, el coordinador del equipo de incidencia en Derechos Humanos del Cedib, Miguel Miranda, manifestó que la sociedad civil en su conjunto debe pronunciarse para que se termine con el interinato en la Defensoría del Pueblo, para que esa instancia vuelva a gozar de credibilidad e independencia.
“A la sociedad civil le interesa muchísimo recuperar la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo. Hay una percepción que desde 2016 esta institución se le fue al pueblo de las manos, fue cooptada, absorbida por la estructura del poder gobernante y ésta es una de las señales más alarmantes que hablan de una crisis profunda de los derechos humanos en Bolivia”, expresó.
Al respecto, José María Paz, vocero de La Ruta de la Democracia, señaló: “Hay varias organizaciones de la sociedad civil que están preocupadas por este asunto. Un plazo razonable para un interinato no debería exceder los 90 días. Una autoridad interina es mucho más susceptible de ser controlada desde el poder Ejecutivo, porque puede ser removida en cualquier momento y es momento de exigir un titular para esa instancia”.
En ese marco, subrayó que el proceso de la elección del nuevo Defensor debe estar acompañado por la sociedad civil para garantizar un proceso transparente y que se elijan los mejores cuadros.
Del mismo modo, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, manifestó: “Es urgente darle muestras de credibilidad e institucionalidad al Defensor del Pueblo. Es una de las instituciones que ha tenido una historia muy importante en el fortalecimiento de la democracia del país y que en este último tiempo se ha sentido absolutamente dañada en su imagen y en su independencia”.
Los presidentes de las comisiones de Constitución en el Senado y Diputados, Virginia Velasco y Renán Cabezas, respectivamente, indicaron que esperan que el vicepresidente David Choquehuanca convoque a sesión plenaria para tratar el tema.
Página Siete intentó obtener una respuesta al respecto de Choquehuanca, pero no se tuvo éxito en la gestión, la autoridad aún no se pronunció.
Si David Tezanos Pinto no hubiera renunciado como defensor del Pueblo titular en ocho meses más estaría por culminar su gestión de seis años. Nadia Cruz lleva dos años y siete meses de interina en ese cargo.
Pagina Siete