Exvocales del Tribunal de Justicia buscan recuperar sus cargos tras fracasar en elecciones judiciales
- Presentan acción de amparo argumentando irregularidades en la aceptación de sus renuncias
En un giro controversial, los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Israel Campero Méndez, Ramiro Ariel Blanco Fuentes y Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui, han presentado una acción de amparo constitucional buscando su reinstalación en los cargos que abandonaron de manera irrevocable en agosto para postularse como candidatos a magistrados en las recientes elecciones judiciales.
Tras su derrota en los comicios celebrados el pasado 15 de diciembre, los tres exfuncionarios han solicitado a un juzgado en La Asunta, La Paz, que se deje sin efecto la aceptación de sus renuncias, argumentando irregularidades en el proceso. Además, piden medidas cautelares que incluyan la suspensión de las actividades de las nuevas autoridades designadas en sus antiguos puestos, así como la anulación de convocatorias para otros vocales.
Blanco, Campero y Martínez se postularon como candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Consejo de la Magistratura, respectivamente, tras ser habilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al cumplir con los requisitos de preselección establecidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, su renuncia al cargo fue motivada, según alegan, por presiones del TSE para evitar ser inhabilitados como candidatos.
La acción de amparo argumenta que las renuncias, pese a ser irrevocables, fueron aceptadas de forma incorrecta. Campero sostiene que, dado que los vocales constitucionales son designados por la Sala Plena conjunta del TSJ y el TCP, solo estas instancias tenían la competencia para aceptar su dimisión. “La aceptación por parte de los presidentes de los tribunales vulnera mis derechos y carece de legalidad,” declaró.
El caso ha generado críticas desde diferentes frentes. El abogado constitucionalista Jaime Hurtado señaló que, según el artículo 238 de la Constitución, todos los candidatos a cargos electivos deben renunciar a sus funciones públicas para garantizar condiciones de igualdad. “La interpretación de los exvocales es errónea; la renuncia no es reversible una vez presentada y aceptada,” afirmó. Hurtado también cuestionó la decisión de interponer la demanda en La Asunta, sugiriendo posibles intenciones de influir en el fallo de la autoridad judicial.
Por otro lado, el perfil político de los exvocales también ha sido objeto de análisis. Campero, durante su gestión, fue acusado de emitir fallos favorables al oficialismo, lo que generó suspicacias sobre su imparcialidad. Martínez, antes de asumir como vocal, fue representante distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz, un antecedente que alimenta percepciones de afinidad con el gobierno.
Este incidente pone nuevamente en debate las tensiones entre las instituciones del sistema judicial y la política boliviana. Mientras se espera la resolución de la audiencia del amparo, el caso de los exvocales podría sentar un precedente sobre la relación entre la función pública y los procesos electorales.
Por ahora, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura mantienen su postura, respaldando la legalidad de la aceptación de las renuncias y la designación de nuevas autoridades. Sin embargo, el desarrollo de esta controversia seguirá de cerca, ya que su desenlace podría reconfigurar las reglas del juego político-judicial en Bolivia.