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Amnistía exige no expulsar de forma arbitraria a venezolanos

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Amnistía Internacional, presente en más de 150 países, exigió a las autoridades nacionales, y en particular al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que deje de perseguir y expulsar arbitrariamente a migrantes venezolanos en situación vulnerable.

La directora para Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dirigió un tuit al Ministerio de Gobierno y a Carlos Romero para pedirle que pare la persecución a venezolanos.

Así también, la organización internacional activó una Acción Urgente para dirigir peticiones al ministro Romero e instarle a que “deje de detener, perseguir y expulsar arbitrariamente a los refugiados venezolanos que necesitan protección internacional”.

“Ministro Carlos Romero, deje de expulsar arbitrariamente a personas venezolanas. ¡Necesitan protección, no persecución!”, escribió Guevara en su mensaje.

El 17 de marzo, la policía y los oficiales de inmigración detuvieron a 14 refugiados venezolanos (tres mujeres y 11 hombres) en un refugio en La Paz, que habían participado en una manifestación pacífica contra las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Los oficiales los llevaron a la oficina de inmigración y los acusaron de “conspiración” y “actividades políticas a cambio de dinero”. Ese mismo día, al menos cinco de ellos fueron expulsados.

Los otros, que habían solicitado refugio, fueron liberados, pero cinco posteriormente huyeron a Perú por temor a ser perseguidos.

Los liberados que permanecen en Bolivia temen más persecución y deportación arbitraria, señala esa organización.

Ante esta situación, Amnistía Internacional activó la Acción Urgente para instar al ministro de Gobierno que deje la persecución y la deportación arbitraria de refugiados venezolanos.

“Todas las personas, incluidos los migrantes irregulares, los migrantes regulares, los solicitantes de asilo y los refugiados, tienen los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, debido proceso y garantías judiciales, y no ser sometidos a malos tratos o expulsiones colectivas”, señala Amnistía.

El abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Franco Albarracín, explicó que la Acción Urgente es más que una llamada de atención al gobierno y equivale a una medida cautelar en favor de personas en riesgo.

“Cuando ellos hacen una Acción Urgente es una medida cautelar dirigida a una determinada autoridad que está vulnerando derechos humanos; esto significa que el Gobierno tiene que parar de vulnerar derechos humanos de manera inmediata y precautelar los derechos de aquellas personas afectadas”, refirió.

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