Conade niega que marcha indígena sea una acción «política partidaria»
Cuando la marcha de indígenas de tierras bajas cumple 35 días y está por llegar a la ciudad de Santa Cruz, en demanda de respeto a sus predios, Julio Alvarado, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), negó que esta movilización sea “política partidaria”, tal como denunció el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Los indígenas de tierras bajas están cuestionando las políticas públicas, que vienen del gobierno central, por lo tanto, es pues una marcha política. Los derechos de los pueblos indígenas están constituidos en la Constitución Política del Estado, por eso (la crítica del Gobierno) es una forma demagoga y de desprestigio, eso es político. La marcha no es un hecho político partidario, sí es un acto político, pero no hay un partido político que está detrás de ellos”, declaró Alvarado.
El lunes, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, sostuvo que esta marcha indígena, que partió de Trinidad y llegará a Santa Cruz de la Sierra, es “política”. Además, desconoció a sus representantes y, por el contrario, afirmó que el Ejecutivo se reunió con dirigentes de la Confederación de Pueblo Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) para llegar tratar el tema de tierras.
“Claramente es una movilización política y que hasta el día de hoy no hay pliego, no hay demandas. Sin embargo, el Gobierno ha estado trabajando con la autoridades orgánicas y legítimas; hemos estado el fin de semana en reuniones en la Casa Grande (del Pueblo) con la Cidob”, indicó Ruiz.
A pesar de la posición expresada por Ruiz, los marchistas informaron que ya enviaron al Gobierno sus demandas. El Parlamento de Naciones Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco de Bolivia envió diversas cartas dirigidas a mediadores de la comunidad internacional y de Derechos Humanos para que participen y hagan seguimiento al diálogo con el Gobierno y representantes de los otros órganos del Estado como el Judicial, Electoral y Legislativo.
Invitaron al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, al titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, y al representante del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres.
Alvarado declaró a radio Panamericana que estas demandas empezarán a ser tratadas el jueves, una vez que los marchistas ingresen este miércoles a la plaza principal de Santa Cruz de la Sierra.
“Es un cuestionamiento a las políticas públicas del gobierno del MAS que ha implantado desde 2006, es un cuestionamiento a aquellos decretos y leyes que están ampliando la frontera agrícola y por eso se está quemando el bosque de la Chiqutania”, denunció el activista.
Fuente: Brújula Digital