TCP paraliza juicio contra Luis Fernando Camacho y cuestiona constitucionalidad de decreto que centraliza procesos en La Paz
- El Tribunal Constitucional admitió una acción contra el Decreto Supremo 138 de 2009, suspendiendo el proceso por el paro cívico en Santa Cruz. La decisión afecta directamente al gobernador Camacho, cuya detención queda en suspenso.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) paralizó el juicio contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vinculado al paro cívico de 36 días en 2019, tras admitir una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 138 de 2009. Esta norma establece a La Paz como sede obligatoria para juzgar delitos como terrorismo y sedición, incluso cuando los hechos ocurrieron en otra región.
La demanda, presentada por los abogados Reinerio Vargas y José Luis Santistevan, argumenta que el decreto vulnera el derecho al juez natural y otras garantías constitucionales, al forzar que el proceso se lleve en La Paz pese a que los eventos sucedieron en Santa Cruz. El TCP determinó que los planteamientos son válidos y, mediante el Auto Constitucional 0032/2025-CA, suspendió el proceso penal mientras analiza la compatibilidad del decreto con la Carta Magna.
Consecuencias inmediatas
La resolución impacta directamente en el caso del paro cívico cruceño, donde Camacho es uno de los principales imputados. El proceso queda en pausa, lo que técnicamente invalida su detención, basada en un juicio ahora paralizado. “Mientras no se resuelva la constitucionalidad del decreto, no hay sustento legal para mantener el proceso activo”, explicó una fuente jurídica cercana al caso.
Además, el TCP ordenó notificar al presidente Luis Arce para que, en un plazo de 15 días, presente sus argumentos sobre la norma cuestionada. La decisión reabre el debate sobre la descentralización judicial y si el decreto favorece una judicialización política al concentrar casos sensibles en la sede de gobierno.
¿Qué sigue?
El Tribunal deberá emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del decreto. Mientras tanto, la defensa de Camacho celebra la medida, considerándola un paso hacia la “garantía de un juicio justo”. Por su parte, sectores oficialistas insisten en que la norma busca evitar “impunidad por influencias regionales”.