Empresarios privados advierten graves efectos por alza salarial en Bolivia
- La Confederación de Empresarios Privados cuestiona la medida y responsabiliza al Gobierno por las posibles consecuencias económicas
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su contundente rechazo al reciente incremento salarial dispuesto por el Gobierno, que eleva en 10% el Salario Mínimo Nacional y en 5% el haber básico. Según la entidad, la decisión llega en un momento crítico para la economía del país y podría provocar serias afectaciones a la sostenibilidad empresarial, el empleo y los niveles de inflación.
En un comunicado oficial, los empresarios manifestaron su preocupación por el impacto que tendrá esta medida, particularmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que ya enfrentan múltiples desafíos económicos. «El aumento al Salario Mínimo Nacional es el más elevado de los últimos ocho años, en un contexto donde Bolivia experimenta decrecimiento del PIB, inflación creciente y déficits fiscales sostenidos», advirtió la CEPB.
La organización privada alertó que los efectos de este ajuste serán «extremos», tanto en la estabilidad de las empresas como en la generación de empleos formales. Además, demandó al Gobierno asumir las consecuencias que, aseguran, se derivarán de la aplicación de estos incrementos.
«El Gobierno nacional deberá hacerse responsable por los daños que esta decisión provoque en la economía real», afirmaron desde la Confederación, recordando que el sector privado ha sido uno de los principales impulsores del empleo y del crecimiento económico en el país.
La medida fue anunciada en el marco de las negociaciones entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana (COB), en vísperas de las celebraciones por el Día del Trabajo. No obstante, diversos analistas económicos coinciden en que, sin un crecimiento económico sólido que respalde tales incrementos, el ajuste podría trasladarse a los precios de los productos y servicios, acentuando las presiones inflacionarias en el corto y mediano plazo.
Mientras tanto, el sector privado anticipa un escenario de mayor informalidad laboral y cierre de empresas si no se generan medidas complementarias para proteger a las unidades productivas más vulnerables.