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¿Quién debe devolver el dinero del 21F? Analistas dicen que Evo, el TCP y el TSE

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El entonces presidente Evo Morales impulsó el referendo del 21 de febrero de 2016 con el objetivo de ir a una nueva reelección. El país le dijo “no”. Pero él dijo “sí”. Entonces, ¿para qué se hizo el referendo? Como ese proceso se echó al agua, ¿quién debe devolver los 165,9 millones de bolivianos que costó ese plebiscito?

Estas preguntas las planteamos a dos analistas, a un diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y a uno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los tres primeros coincidieron en que los delitos contra el Estado no prescriben, por lo que los que incumplieron el referendo deben devolver el dinero. En cambio, el diputado del MAS respondió con críticas a la oposición.

Si bien un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) -que hizo una interpretación errada de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José- habilitó a Evo Morales a candidatear las veces que quiera. El argumento del TCP era que la reelección indefinida era un derecho humano.

Las falsas promesas

Pero no es sólo el hecho de que Evo Morales y Álvaro García Linera hayan incumplido los resultados del referendo, sino que los dos prometieron en al menos ocho ocasiones respetar el resultado del referendo. Lo hicieron antes y después del proceso. Lo hicieron porque no había otro camino, porque así lo manda la Constitución Política del Estado (CPE).

“Lo mejor es someternos al pueblo, lo que el pueblo diga. Si el pueblo dice ‘no’, ¿qué podemos hacer? No vamos a dar un golpe de Estado… Tenemos que irnos”. Esto dijo Evo Morales el 11 de enero de 2016.

“Quiero decirles hermanos alcaldes, pero también al pueblo boliviano: gane el sí o gane el no, vamos a respetar, ésa es la democracia”, afirmó el 18 de febrero, tres días antes del domingo 21.

Y llegó el día D. El domingo 21 de febrero los resultados de boca de urna daban como ganador al “no”. Al día siguiente, el 22 de febrero, Evo Morales habló: “Vamos a respetar los resultados. Sea el no o sea el sí, siempre hemos respetado… Si gana el no, la lucha sigue…”, soltó.

El 24 de febrero, dijo: “El pueblo boliviano, el MAS y los movimientos sociales, son muy respetuosos de los resultados…”.

Pero cuando finalmente terminó el conteo y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio los resultados oficiales, Morales afirmó: “Terminó el referendo. Quiero decirles… como dijimos, respetamos los resultados, es parte de la democracia”.

Pero no sólo Morales hizo falsas promesas. También lo hizo García Linera. El 21 de febrero, después de que se cerraron los votos, brindó una conferencia de prensa, en la que prometió respetar los votos en tres ocasiones.

“Los resultados del recuento oficial van a ser respetados y acatados por el MAS. Respetaremos en absoluto, de manera plena, los resultados”, dijo. “Los referendos se ganan por un voto… Lo que cuentan son los números. Y en un referendo, un voto hace la diferencia y hay que respetarlo”, dijo una segunda vez.

“Basta con que un voto favorezca a una de las opciones, esa opción hay que respetarla. Eso es democracia y eso hay que practicar”, prometió por tercera vez.

Los delitos no prescriben

Finalmente, el 13 de agosto de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la única instancia que podía interpretar el Pacto de San José, estableció que “la reelección presidencial indefinida es contraria a la Convención y Declaración Americana”.

De hecho, antes de que la Corte IDH se manifestara, juristas internacionales y nacionales habían ya rechazado la argumentación del TCP porque esa Convención no establecía tal figura legal. El MAS se hizo de la vista gorda.

Por lo tanto, según los analistas consultados, los más de 160 millones de bolivianos echados al agua constituyen un “despilfarro”, por lo que alguien debe devolver.

El analista Paúl Coca afirma que lo ocurrido se constituye en un “despilfarro”, por lo que es un delito, “y los delitos no prescriben”, tal como lo establece la Ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz de Enriquecimiento Ilícito, promulgada por Evo Morales.

“Pero, ¿quiénes tendrían que devolver el dinero?”, le preguntamos a Coca. “Morales, García Linera, los vocales del TSE y los magistrados del TCP que firmaron la resolución”, respondió.

Para Coca, la responsabilidad del “despilfarro” recae en los magistrados del TCP, porque dieron luz verde al referendo de 2016 y fueron ellos mismos los que lo desconocieron. La responsabilidad también es de los vocales del TSE de entonces, porque primero proclamaron los resultados del referendo y luego permitieron que Evo y Álvaro fueran candidatos.

“¿Y cuál sería el camino a seguir para que ellos devuelvan ese dinero?”, fue la siguiente pregunta a Coca. “En un Estado de Derecho, si Bolivia fuera un país que respeta la Constitución y las leyes, ya habría responsabilidades políticas (civiles), administrativas y penales”.

“El daño económico causado al Estado boliviano no prescribe nunca”, por lo que en cualquier momento se puede iniciar un proceso contra los responsables por los más de 160 millones de bolivianos, afirmó.

“Hubo daño económico al Estado, porque fueron decisiones contrarias a lo que está establecido”, afirmó el analista Carlos Cordero. Él considera que este tema debe ser resuelto en el país recurriendo a las instancias judiciales, y que en caso de que no haya resultados, se vaya a instancias internacionales.

Para el diputado Gustavo Aliaga, de CC, Evo Morales es el responsable porque fue él quien violó su propia Constitución. “Por lo tanto, los gastos tienen que ser pagados por él”.

En su criterio, la Ley Marcelo Quiroga le debe llegar a él, porque los delitos contra el Estado no prescriben. “Debería haber una iniciativa del Legislativo, de la socidad civil, para establecer un juicio de responsabilidades” y recuperar esos fondos.

Para el diputado Renán Cabezas, del MAS, Evo y Álvaro se postularon “por un derecho estipulado en una organización internacional”, refiriéndose al Pacto de San José, y acusó “a la derecha” de pretender atribuirse la decisión del soberano por que “no ganó ninguna elección”.
Los hechos

Referendo • El gobierno del MAS convocó a un referendo para realizarse el 21 de febrero de 2016 para modificar la Constitución Política del Estado (CPE) que permita a Evo Morales y Álvaro García Linera postularse nuevamente como candidatos.
Constitución • La CPE permite sólo una reelección.
Gastos • El referendo de 2016 costó al Estado 165,9 millones de bolivianos, pero no sirvieron de nada porque los resultados del plebiscito no fueron respetados.
Consecuencias • Al margen del gasto en vano, el ignorar los resultados del 21F derivó en la convulsión social en 2019, a lo que se sumó la sombra del fraude, que empujó a Evo Morales a renunciar.

En un Estado de Derecho, si en Bolivia se respetaran las leyes, ya habría responsabilidades políticas, administrativas y penales

Fuente: Pagina Siete

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