Informe ante la Reunión de Medio Año Del 29 al 31 de marzo de 2019 Cartagena de Indias, Colombia
Las empresas periodísticas bolivianas ingresaron en un preocupante ciclo de fragilidad financiera como efecto de ocho años continuos de presiones gubernamentales, de persecución tributaria a diarios y a sus anunciadores, y de permanente estigmatización al trabajo de periodistas y medios y de la imposición de servicios gratuitos de difusión.
Desde 2010, el gobierno promulgó 13 leyes que responden a un esquema político e ideológico orientado a debilitar la palabra independiente de periodistas y medios. En 2019, el presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García, buscan una cuarta reelección en contravención a la Constitución Política del Estado (CPE) y a un referéndum que rechazó la modificación de la Carta Magna, en febrero de 2016.
Cada una de las 13 normas impone a radioemisoras, difusoras de televisión, medios virtuales, pero en particular a diarios privados e independientes, la publicación de avisos gratuitos en páginas específicas que generan pérdidas de hasta 30 por ciento por concepto del servicio de publicidad.
Los diarios deben rechazar publicidad solicitada por el público y en su lugar deben llenar espacios privilegiados con avisos de campañas gubernamentales.
El castigo financiero adquiere doble impacto: por una parte se despoja de recursos financieros a los medios privados y por otra, se excluye a toda empresa periodística independiente de la publicidad estatal que es distribuida entre medios con alguna afinidad con las políticas gubernamentales.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que la imposición de avisos gratuitos contraviene el artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) promulgada por el propio presidente Evo Morales, en 2009, y que «…prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución».
Los legisladores de la bancada oficialista, con una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, repitieron la agresión financiera en 2018. El 1 de septiembre del pasado año se promulgó la Ley de Organizaciones Políticas No. 1096 que bajo el argumento de promover el «voto informado» y la «igualdad de proporcionalidad» entre los partidos políticos dispuso la cesión «gratuita y obligatoria» de espacios en medios de comunicación. La cantidad de espacio otorgada de manera gratuita, será la misma que la contratada por la entidad electoral, anota la Ley 1096.
La sistemática aplicación de leyes contra los medios de información generó una pérdida elevada de ingresos y obligó a cadenas de televisión y diarios privados a reducir personal en las redacciones, y áreas operativas, como medida orientada a preservar el trabajo periodístico.
El saldo de la asfixia financiera afecta directamente al derecho ciudadano a ser informado oportunamente y por medios independientes a la voz gubernamental que, a través de una extensa red de medios radiales, una agencia de noticias y un canal de televisión con cobertura satelital, difunde propaganda favorable a los gobernantes de turno.
Sumado a las anteriores leyes, el gobierno y organizaciones sindicales de trabajadores de la prensa afines al presidente Evo Morales insisten en aplicar un seguro de vida que duplica obligaciones actuales y representa un elevado despojo de recursos financieros para constituir un fondo privado libre de fiscalización.
La ANP alerta que este seguro duplica una obligación ya existente y que de ser forzada su implementación sólo debería demandar un mínimo aporte para la cobertura del seguro a periodistas y personal directamente involucrado en el trabajo informativo, en lugar de la actual ley que reclama un nuevo tributo-castigo del uno por ciento del ingreso real y efectivo.
La ANP alertó que el seguro de vida, impuesto sin estudios técnicos, provocará el cierre de medios pequeños y medianos, y obligará a muchas empresas a prescindir de periodistas.