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Oposición acusa al Gobierno de hacer “uso político” de la visita del Relator

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La oposición señala que el Gobierno usa políticamente de la visita a Bolivia del Relator especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán. El embajador de Bolivia ante la ONU, Diego Pary, dijo que durante la estancia del Relator en el país, los contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS) no lograron demostrar que haya persecución política.

García-Sayan llegó a invitación del Gobierno. Durante su visita, del 16 al 22 de febrero, mantuvo varias reuniones, entre ellas con líderes de la oposición. La estadía concluyó con una conferencia de prensa.

“Se habla de persecución política, yo no he tenido entrevistas con alguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política. Si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no podría responder con conocimiento de causa”, respondió el Relator ante la consulta sobre los procesos a opositores, activistas y exjefes policiales y militares.

El representante del Gobierno ante la ONU, Diego Pary, expresó que estas declaraciones del representante evidenciaron que en Bolivia no existen perseguidos políticos y que los procesos son parte de la búsqueda de justicia para las víctimas del 2019.

“Durante su visita el Relator se reunió con los líderes de la oposición y no han podido demostrar que en el país se dio una persecución política, porque no existe. Se está siguiendo lo que establecen las leyes y se aplica el debido proceso. Creo que eso da garantías de que se tendrá justicia para las victimas de 2019”, declaró Pari al canal estatal.

La jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, afirmó que el Ejecutivo empieza a hacer un uso mediático y político, “deformando los hechos”, de la vista de García-Sayán.

“Nosotros presentamos las pruebas de una descarnada persecución política, con una complicidad absoluta del Órgano Judicial, brazo operativo del Gobierno. (…) Si García-Sayán en su informe final dice algo que no corresponde a la realidad, pondrá entredicho al organismo que representa y cometerá una infamia”, señaló Rek.

La parlamentaria dijo que los próximos días enviarán una nota al Relator de la ONU para que sea claro sobre la información que recibió y no omita la documentación que le fue entregada.

El jefe de bancada en Diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, sostuvo que los representantes del Gobierno sólo usan las partes que les conviene de las declaraciones y el informe de García-Sayán. Añadió que hicieron lo mismo con el análisis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“En su informe sobre graves violaciones a los derechos humanos en el último trimestre del 2019 dice que es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político. (…) El Relator en su informe hace una relación de hechos desde 1980 hasta julio del 2021. El Gobierno no hace referencia a estos puntos”, sostuvo.

Por su parte, el parlamentario del MAS Juanito Angulo dijo que el Relator, en su informe, tras reuniones también con opositores, descarta de manera objetiva que haya una persecución política en el país. Resaltó que los procesos en curso por el “golpe de Estado” son llevados a cabo en busca de justicia para las víctimas del “gobierno de facto”.

“Los actores políticos de la derecha no han logrado demostrar que hay persecución política. Se confirma a través del Relator de la ONU que en Bolivia no existe persecución política. También reafirma la vulneración a los derechos humanos”, aseguró.

El informe no es vinculante

El martes, en rueda de prensa, García-Sayán aclaró que su informe final será publicado en junio de la presente gestión. Además explicó que no tendrá efecto de carácter vinculante.

“El informe del Relator especial no es vinculante, eso hay que decirlo con todas sus palabras. No estoy aquí trayendo el undécimo mandamiento, sino estableciendo un elemento de recomendaciones para propiciar el diálogo”, aseveró el Relator.

Polémica

La visita del representante de la ONU generó gran expectativa. Durante su estadía varios sectores pidieron reunirse con él. Sin embargo, luego de la presentación de su informe preliminar se inició la polémica sobre su rol.

El punto más observado por algunos políticos de oposición y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) fueron sus declaraciones sobre que no le entregaron evidencia de que exista persecución política en Bolivia.

Si García-Sayán en su informe final dice algo que no corresponde a la realidad, pondrá en entredicho a Naciones Unidas

Centa Rek, senadora

El Relator de la ONU confirma que en Bolivia no existe persecución política. Se reafirman las vulneraciones del gobierno de facto

Juanito Angulo, diputado

PUNTO DE VISTA
José María Cabrera
Exprocurador de Bolivia

“Hay que evitar los entredichos”

En el informe de observación preliminar, el relator de la ONU Diego García-Sayán indicó que las pautas de persecución política se mantienen. Habla del reto de un gran pacto nacional para que pueda ser posible la reforma judicial.

El Gobierno esperaba que García-Sayán validara una supuesta independencia judicial en Bolivia, eso no ha sucedido. El Relator va a continuar su trabajo hasta junio, en las nueve áreas que ha identificado en sus declaraciones.

Los sectores de la población deben continuar entregando información para que el Relator tenga los insumos para desarrollar su trabajo. En los días que estuvo en el país le dieron mucha documentación que es imposible sistematizar en corto tiempo.

Lo que ahora debe evitarse es el juego de la política chica, que entra en entredichos sobre el informe preliminar y las declaraciones del Relator.

Bolivia requiere una política grande, algo que requiere la madurez del Gobierno, de la oposición y de la sociedad civil organizada.

Entrar en un círculo de contraacusaciones nos va a llevar al mismo lugar que estamos ahora, que es la crisis terminal de la justicia. Que esta cooperación de la ONU sirva para poder destrabar el gran problema de la justicia en el país.

La iniciativa de un acuerdo nacional sobre la reforma judicial debe partir del Gobierno nacional. Los actores políticos deben mostrar que tienen la visión de estadistas.

La justicia no puede continuar como hasta ahora, porque la población es la más perjudicada por esta situación catastrófica del sistema judicial.

Pagina Siete.

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