Mineros y transportistas en emergencia por fallo judicial que amenaza a 100 mil familias
- Sector productivo advierte con bloqueos y movilizaciones si el Tribunal Supremo no revisa sentencia que pone en riesgo la estabilidad de SOBOCE y la cadena del cemento
En un clima de creciente tensión, mineros y transportistas pesados han declarado estado de emergencia y amenazan con movilizaciones y bloqueos si el Tribunal Supremo de Justicia no revisa un fallo que, según denuncian, pone en riesgo a más de 100 mil familias que dependen de la cadena productiva del cemento. La sentencia, que obliga a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) a pagar más de cien millones de dólares, ha encendido las alarmas en el sector productivo y laboral, que teme un colapso económico en la región.
“Nos estamos declarando en movilización permanente porque esta decisión equivocada de los jueces pone en peligro nuestra fuente de trabajo y la estabilidad de miles de familias”, advirtió David Cruz, Presidente de la Cooperativa Multiactiva Catavi, que explota caliza en Cerro Catavi, Provincia Los Andes. Cruz aseguró que no permitirán que la justicia actúe bajo “presiones políticas o intereses oscuros”, y exigió una revisión inmediata del fallo.
El malestar no se limita al sector minero. Macario Mollo, Secretario General del Sindicato de Transporte Pesado de Viacha, sostuvo que la sentencia no solo afecta a SOBOCE, sino que atenta contra toda la economía regional. “Si no nos escuchan, tomaremos medidas drásticas”, afirmó Mollo, quien no descartó bloqueos de caminos y marchas hacia Sucre para presionar a las autoridades judiciales.
Este jueves, centenares de mineros, choferes y transportistas protagonizaron una masiva protesta en el centro de La Paz, a pocos metros del Palacio de Gobierno. Aunque la movilización comenzó de manera pacífica, los dirigentes advirtieron que radicalizarán sus medidas si sus demandas no son atendidas. “No vamos a permitir que jueces que no entienden la realidad del país destruyan fuentes de trabajo y alejen la inversión extranjera”, concluyó Mollo, enfatizando que “Bolivia necesita dólares, no decisiones que ahuyenten el capital”.
El conflicto, que ya ha generado preocupación en diversos sectores económicos, amenaza con escalar a una crisis mayor si las autoridades judiciales no responden a las demandas del sector minero y del transporte pesado. Ambos gremios aseguran estar listos para paralizar el país en defensa de sus empleos, lo que podría desencadenar un escenario de inestabilidad social y económica sin precedentes.
Mientras tanto, la presión sobre el Tribunal Supremo de Justicia aumenta, y el país espera con preocupación una respuesta que evite el estallido de un conflicto que, de no resolverse, podría dejar a miles de familias en la incertidumbre y afectar gravemente la economía nacional.