Gobierno atribuye baja calificación de S&P a crisis política y admite que necesita $us 2.600 millones para equilibrar la balanza de pagos
El ministro Marcelo Montenegro afirmó que la situación política interna es uno de los factores que generó desconfianza financiera internacional y reconoció la urgencia de acceder a créditos inmediatos para evitar el default.
El Gobierno de Luis Arce responsabilizó este jueves a la crisis política del país por la nueva baja en la calificación de riesgo otorgada por la agencia internacional Standard & Poor’s (S&P), que redujo la nota de CCC+ a CCC-, profundizando las señales de alerta sobre la economía nacional.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la situación política interna ha impactado directamente en la percepción financiera internacional. “Uno de los elementos sustanciales que ratifica el informe de S&P es que el problema político ha generado este elemento negativo en la economía”, afirmó la autoridad.
Montenegro reiteró que “la política no va disociada de la economía” y cuestionó a quienes creen que ambas pueden caminar por separado. Según su explicación, las pugnas internas, los bloqueos y la falta de gobernabilidad son factores que han debilitado la estabilidad y la credibilidad económica del país.
Ante este panorama, el Ministro reveló que Bolivia necesita al menos 2.600 millones de dólares hasta fin de año para equilibrar la balanza de pagos y hacer frente al servicio de deuda externa. Aseguró que el Gobierno ha venido cumpliendo “puntual y oportunamente” con los pagos, pero admitió que existe una “probabilidad” de caer en default si no se destraban ciertas gestiones financieras.
“Estamos haciendo todos los esfuerzos para evitar el incumplimiento, pero para lograrlo necesitamos que se viabilicen más créditos, sobre todo aquellos que puedan desembolsarse de forma rápida, porque no todos son de ayuda inmediata”, aclaró.
Montenegro explicó que muchos de los créditos requieren procesos previos como licitaciones, supervisión y contratos de fiscalización, lo que retrasa los recursos para necesidades urgentes, como la compra de combustibles. En ese sentido, alertó que la situación sigue siendo compleja, aunque aseguró que el “tratamiento está avanzando de forma positiva”.
Esta declaración surge en medio de crecientes tensiones políticas entre el oficialismo, el ala evista y la oposición, en un escenario que ya afecta a la economía boliviana en un año marcado por crisis de combustibles, caída de reservas internacionales y falta de dólares en el mercado formal.