La dictadura en Nicaragua oficializa el ejército paramilitar de Ortega bajo la figura de “policías voluntarios”
La reforma constitucional consolida a los grupos armados responsables de la represión tras la rebelión de 2018, dejando en evidencia la militarización del régimen.
Viernes, 25 de enero de 2025 (Infobae).- El régimen de Daniel Ortega ha legalizado oficialmente la figura de los “policías voluntarios”, un grupo armado integrado por civiles que la oposición y organismos internacionales identifican como un ejército paramilitar utilizado para reprimir protestas ciudadanas. La medida fue incluida en una reciente reforma a la Constitución Política de Nicaragua, aprobada por la Asamblea Nacional dominada por el sandinismo.
Estos grupos, comparables a los “Colectivos” del chavismo en Venezuela, surgieron tras la rebelión ciudadana de 2018 y son responsables de la violenta represión que dejó al menos 355 personas asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Formados por exmilitares, funcionarios estatales y civiles, operaron desde entonces bajo el manto de apoyo del régimen, pero ahora cuentan con respaldo constitucional.
Encapuchados, armados y juramentados, al menos 10,000 de estos “policías voluntarios” participaron en ceremonias en distintas ciudades del país, destacándose como una fuerza clave para mantener el control político del régimen. En su discurso, el comisionado Francisco Díaz los calificó como “garantes de la paz”, mientras líderes sandinistas advirtieron que actuarán contra cualquier intento de desestabilización.
La creación de este ejército paramilitar fue señalada como una estrategia para sofocar las protestas de 2018. Durante la denominada “Operación Limpieza”, estos grupos, armados con fusiles de guerra como AK-74 y rifles Dragunov, atacaron barricadas y manifestantes, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA.
La reforma constitucional busca dar un sustento legal a estas fuerzas, lo que preocupa a la oposición y a organismos internacionales, quienes denuncian que se trata de un mecanismo para consolidar la militarización del régimen de Ortega y garantizar la continuidad de la represión en el país.