
Gobierno descarta derogar la disposición sobre confiscación de productos en el PGE, mientras sectores productivos convocan a marcha
El Ejecutivo sostiene que no puede modificar la normativa, mientras gremiales, agroindustriales y transportistas insisten en su anulación y anuncian protestas.
Sábado, 25 de enero de 2025 (ANF).- El Gobierno de Luis Arce descartó este sábado la posibilidad de derogar la disposición séptima adicional del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que establece la confiscación de productos a quienes suban los precios, calificando esta práctica como agio y especulación, especialmente para las instituciones estatales.

Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, explicó que es imposible atender el pedido de derogar la norma, ya que, según la Constitución, el Ejecutivo no puede modificar ni dejar sin efecto una disposición normativa proveniente de una ley. Por lo tanto, se limitaron a anunciar que lo único que queda es avanzar en la reglamentación de la norma, instando a los sectores afectados a participar en la elaboración y presentar sus propuestas.
Ante esta situación, un ampliado multisectorial, conformado por gremiales, productores, agroindustriales y transportistas, decidió convocar una marcha para el 10 de febrero en exigencia de la anulación de dicha disposición. Consideran que la norma afecta gravemente a los sectores productivos y temen que sea utilizada para extorsionar a diversos actores económicos.
Silva también denunció que algunos políticos de oposición están utilizando este tema como parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno y generar un «golpe suave», buscando notoriedad en un contexto electoral. En particular, mencionó a figuras como Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho como posibles beneficiarios de esta narrativa.
Por otro lado, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y otros sectores gremiales informaron que aún no han recibido invitaciones formales al diálogo propuesto por el Gobierno para tratar este tema. Los representantes de estos sectores reiteraron su postura de que la derogación de la disposición en el PGE 2025 debe ser el primer paso para alcanzar un «pacto social».