Magistrada denuncia a testigo del «Caso Golpe I» por usar documentos falsos para forzar su salida
Fanny Coaquira acusa a Antonio de la Fuente y su abogado de intentar inhabilitarla con pruebas falsificadas
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, presentó una denuncia formal contra el testigo del denominado “Caso Golpe I”, Antonio de la Fuente, y su abogado José Uriarte, a quienes acusa de utilizar documentos fraguados para solicitar su suspensión ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, confirmó que la denuncia ya fue admitida por el Ministerio Público y que se investiga a ambos por los presuntos delitos de falsedad y uso de instrumento falsificado.
Los hechos se remontan al 11 de junio, cuando De la Fuente y Uriarte promovieron una acción de cumplimiento ante el juez Marcelo Lea Plaza, del municipio de Coroico, solicitando al TSE que retire la credencial de Coaquira por supuestas inconsistencias en su declaración jurada, especialmente sobre si cumplía el requisito de haber ejercido la docencia en una universidad privada.
Aunque el TSE ya había rechazado inicialmente esa solicitud por fuera de plazo, el juez falló a favor de De la Fuente, lo que activó el escándalo conocido como el caso consorcio judicial. En este proceso, además del juez Lea Plaza, también están involucrados el exministro César Siles, el exvocal Claudia Castro, el magistrado suplente Iván Campero, entre otros.
La denuncia de Coaquira sostiene que De la Fuente habría utilizado un documento alterado para iniciar el trámite judicial. El fiscal Torrez indicó que en esta nueva investigación se analizará la autenticidad del documento en cuestión y no se descarta citar a representantes de la Universidad Bolivariana, mencionada en la documentación.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó este tipo de acciones como un intento de “descabezar el Órgano Judicial” mediante maniobras irregulares desde el ámbito judicial y político.
De la Fuente, por su parte, aseguró que hay otros magistrados en situaciones similares y que su accionar solo pretendía hacer cumplir la ley. Pese a tener múltiples denuncias en su contra —entre ellas por extorsión y venta de cargos, incluso presentadas por Edmundo Novillo, actual ministro de Defensa—, sostiene que nunca se le probó nada.
La investigación iniciada por la denuncia de Coaquira avanza de forma independiente al caso consorcio judicial, aunque ambos procesos podrían terminar conectándose si se demuestra un patrón de manipulación institucional.