Aprehenden a un sexto implicado en el caso Consorcio que salpica al sistema judicial y al Ministerio de Justicia
El abogado José Ramiro Uriarte Ortiz fue arrestado por su presunta participación en una red de manipulación judicial para destituir a la magistrada Fanny Coaquira y favorecer a su suplente.
El abogado José Ramiro Uriarte Ortiz fue aprehendido este miércoles por la Fiscalía, convirtiéndose en el sexto implicado del escandaloso caso Consorcio, que investiga una presunta red de manipulación judicial con fines de control institucional dentro del Órgano Judicial.
Uriarte se presentó de forma voluntaria a declarar ante el Ministerio Público, pero fue arrestado y trasladado con el rostro cubierto a dependencias de la FELCC, donde permanece en espera de su audiencia cautelar.
Red para imponer a un magistrado suplente
El caso, que provocó la renuncia del exministro de Justicia César Siles, gira en torno a un plan para remover ilegalmente a la magistrada titular del TSJ, Fanny Coaquira, mediante una acción de cumplimiento con argumentos falsos, con el objetivo de que su suplente, Yván Campero Villalba, asumiera el cargo.
La Fiscalía sostiene que el beneficio de esta maniobra recaía en Campero, y que el plan fue orquestado por una red integrada por jueces, vocales, funcionarios y operadores externos: Claudia Castro, exvocal del TDJ de La Paz; Fernando Lea Plaza, juez de Coroico; Yván Córdova, expresidente del TDJ paceño; y Siles, quien entonces ejercía como ministro de Justicia.
Filtración de audio reveló el entramado
El caso se destapó tras la filtración de un audio atribuido a Lea Plaza y Siles, donde se escucha una supuesta coordinación para sacar a Coaquira del cargo y facilitar el ascenso de Campero. La grabación también menciona a Córdova y Castro como piezas clave del plan.
Campero fue aprehendido el martes, y Claudia Castro fue arrestada poco después de presentar su renuncia, horas antes de que su oficina fuera allanada por la Fiscalía.
Un intento de golpe al Órgano Judicial
La investigación revela que desde mayo se habría ejecutado una estrategia de presión sobre jueces, uso de documentos falsificados y promesas de protección desde altos niveles del Estado para concretar la destitución de Coaquira. El juez Lea Plaza, quien declaró haber sido presionado, denunció que recibió el fallo redactado por Castro minutos antes de la audiencia.
El caso apunta a un intento de golpe institucional encubierto bajo formalismos legales, y ha generado fuertes cuestionamientos sobre la independencia judicial, al evidenciar una presunta red de consorcio entre operadores judiciales y el poder político.
Se prevé que el Ministerio Público amplíe las citaciones en los próximos días, mientras el país observa con alarma el alcance de este escándalo judicial.