Kantutani desmiente denuncias de la Alcaldía paceña y cuestiona su responsabilidad en desastres recientes
- La empresa Inmobiliaria Kantutani S.A. refuta con firmeza las acusaciones de la Alcaldía de La Paz y destaca su compromiso con la gestión responsable del terreno en el área del Cementerio Los Andes.
La reciente denuncia de la Alcaldía de La Paz sobre un presunto movimiento de tierras en el Cementerio Los Andes ha sido calificada por Kantutani S.A. como «infundada y carente de respaldo técnico». La empresa señala que estas acusaciones buscan desviar la atención de las responsabilidades municipales relacionadas con el desastre ocurrido el 23 de noviembre de 2024.
En respuesta, Kantutani presentó el Informe Técnico Nro. 03/2025, elaborado por un equipo de especialistas, que concluye que las observaciones realizadas por la Alcaldía, tales como cárcavas y grietas, son fenómenos naturales propios del terreno arcilloso y no representan riesgos estructurales. Según el documento, estas manifestaciones no están vinculadas a acciones recientes ni a problemas generados por la empresa.
“La erosión en suelos arcillosos es un fenómeno documentado y predecible, que no puede calificarse como un riesgo de desajuste ni atribuirse a negligencias en la gestión del área,” señala el informe técnico. Además, Kantutani cuestionó el rigor profesional de la Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, indicando que la denuncia se basó en observaciones visuales y fotografías mal contextualizadas, sin estudios geotécnicos ni evaluaciones profundas.
El respaldo de Achocalla y la evidencia de la inspección conjunta
En contraste con la postura de la Alcaldía de La Paz, el Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla ha mostrado un compromiso responsable en la gestión de la situación. Según el acta de inspección conjunta realizada el 20 de enero de 2025, ambas entidades verificaron que las observaciones correspondían a un canal generado por condiciones previas y no a riesgos estructurales ni fenómenos recientes.
“La participación de la Alcaldía de Achocalla ha sido fundamental para corroborar que las condiciones actuales del terreno no representan nuevos riesgos. Este respaldo demuestra la importancia de trabajar con criterios técnicos y serios,” destacó la empresa.
Acusaciones como estrategia para desviar la atención
Kantutani también acusó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) de utilizar estas denuncias como una estrategia para evitar asumir su responsabilidad en el manejo negligente del embovedado Pasajahuira-Choqueyapu. Este embovedado, que según el fallo del Tribunal Constitucional Nro. 495/2024 estaba taponado por falta de mantenimiento, fue identificado como el factor principal del desastre del 23 de noviembre, que afectó gravemente a Bajo Llojeta.
“En lugar de alarmar a la población, el GAMLP debería centrarse en cumplir sus compromisos de prevención y mitigación, tal como lo establece el fallo del Tribunal Constitucional,” agregó Kantutani en su reporte.
Críticas por incumplimientos de la Alcaldía
La empresa expresó su preocupación por los reiterados incumplimientos de la Alcaldía de La Paz en los compromisos asumidos en el Acta de Coordinación y el fallo constitucional. Este fallo establece que el GAMLP debe ejecutar de manera inmediata acciones de mitigación y recuperación en Bajo Llojeta, algo que, según Kantutani, no ha sucedido.
“A pesar de su obligación de acompañar técnicamente el plan de contingencia, la Alcaldía no ha estado presente en ninguna supervisión efectiva. Este incumplimiento pone en evidencia la falta de interés real en resolver la situación y proteger a la comunidad,” enfatizó la empresa.
El plan de contingencia, que actualmente tiene un avance del 95%, incluye medidas como la estabilización de taludes, el manejo adecuado del drenaje y un monitoreo constante de riesgos. Kantutani aseguró que estas acciones se están ejecutando con rigor técnico, incluso sin la supervisión municipal prometida.
Un llamado a la responsabilidad
Concluyendo su declaración, Kantutani instó a las autoridades municipales a priorizar soluciones basadas en criterios técnicos y a trabajar de manera conjunta para garantizar la seguridad y el bienestar de la población. “Es momento de dejar de lado las acusaciones infundadas y concentrarse en cumplir las responsabilidades que les competen,” afirmó la empresa.