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Equipo de prensa sufrió coacción mientras reportaba una noticia

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Cochabamba, 19 Feb. (ANP) – Un equipo de prensa de la red de televisión privada ATB de la ciudad de Cochabamba, sufrió coacción y la vulneración de los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información, cuando un grupo de trabajadores de la hilandería Hilsend S.A. lo retuvo contra su voluntad, durante casi tres horas, y para su liberación obligó al medio a comprometerse a no difundir el material informativo obtenido.

Además, los agresores pincharon la llanta del vehículo en el que el equipo del canal de televisión, integrado por un periodista, un camarógrafo, el técnico de la unidad móvil y el chofer, llegó hasta las afueras de la fábrica para realizar una cobertura informativa.

El Código Penal boliviano tipifica como coacción a la acción violenta o amenazas para obligar a “hacer, no hacer o tolerar algo a que no está obligado”. La sanción prevista para el delito cometido es de “reclusión de uno a cuatro años, si para el hecho se hubiere usado armas”.

La Constitución Política del Estado (CPE) señala en su artículo 106 que “El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

El hecho sucedió el martes 8 de febrero pasado entre las 11:00 y casi las 15:00, en las afueras de la fábrica, ubicada en el kilómetro 6 de la avenida Blanco Galindo, que comunica la ciudad de Cochabamba con el municipio de Quillacollo, cuando el equipo de prensa de la Red ATB llegó al lugar para reportar un hecho noticioso.

Gustavo Carry, periodista del equipo de ATB, relató a la Unidad de Monitoreo de la ANP que la mañana del martes recibieron la instrucción de la jefatura de prensa del canal de trasladarse hasta la hilandería para hacer una nota, en medio de las transmisiones en vivo que realizaban acerca de otros hechos.

Una tercera persona en la disputa por el derecho propietario de la maquinaria de la hilandería, entre los trabajadores y los expropietarios de la fábrica Sendtex, hoy Hilsend, anunció la notificación a los trabajadores, a través de un notario de fe pública, con una resolución judicial de un amparo constitucional en parte a su favor.

En agosto del pasado año, los trabajadores de la exfábrica Sendtex reinauguraron la hilandería con el nombre de Hilsend después de casi un año y medio de gestiones con los propietarios para tomar el control de las operaciones de la planta en compensación a los sueldos que les adeudaban. Constituyeron Hilsend como una empresa social.

“Por los antecedentes del caso, el clima era hostil entre el notario y los trabajadores, pero no pensamos que también esa hostilidad sería en contra de nosotros (el equipo de prensa). Luego de que el notario dejó la notificación y se retiró (cerca de las 11:00), cuando realizábamos la entrevista con el señor, en la calle, en la puerta de la fábrica, salieron unos trabajadores y al reconocerlo al señor salieron más trabajadores y empezaron a increparle”, señala Carry.

Algunos insultaron al equipo de prensa. Cuenta el periodista que dejaron de hacer la entrevista y le pidió a su camarógrafo que tome imágenes de lo que sucedía, entonces les advirtieron que no podían filmar y empezaron a cuestionar por qué estaban allí.

LA COACCIÓN

“En medio de estos incidentes, el señor desapareció y decidimos retirarnos, pero los trabajadores no nos dejaron y nos rodearon interrogándonos sobre quién nos había enviado. Ahí nos empezaron a hostigar, amenazar e insultar. Pincharon la llanta del vehículo”, añade el periodista.

Ya rodeados, por más de 50 trabajadores, les exigieron que se identifiquen, pero tampoco les permitían ir hasta el vehículo para mostrar sus credenciales. “Nos dijeron que no nos dejarían ir sino borrábamos las imágenes que habíamos tomado, presuntamente de dentro la fábrica. En ningún momento ingresamos a la planta. Ante la postura radical e intransigente de los trabajadores llame al medio para informar lo que nos pasaba”, añadió.

Luego de unos 20 minutos, una comisión de los trabajadores de la fábrica decidió trasladarse hasta las oficinas del medio (ATB) para confirmar si trabajaban allí. Se entrevistaron con la jefa de prensa y el gerente administrativo.

En ese ínterin llegó una patrulla policial con dos policías que ingresaron a la planta para pedir que liberen al equipo de prensa, pero no lograron su objetivo.

Alrededor de las 13:30 horas, la comisión de trabajadores retornó junto con representantes del canal y les hicieron ingresar a un ambiente de la planta y reiteraron que no les iban a dejar ir sino borraban el material que según ellos tenía la intención de dañarles y perjudicarles.

Ante la intransigencia de los trabajadores, pese a todas las explicaciones, los representantes del canal propusieron un acuerdo por el cual los trabajadores les dejaban libres, no se borrarían las imágenes, a cambio el medio se comprometía a no difundir el material. En ese contexto y con la presencia de jefes policiales de la zona, que llegaron a la planta, se firmó el acuerdo.

“Si bien quedamos en buenos términos, se dejó en claro que todo lo que hicieron era vulneratorio de la Constitución, varias leyes y tratados internacionales que precautelan la libertad de expresión, por lo que el canal se reservaba el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes”, manifestó Carry.

Señaló que como periodista agremiado a la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba hizo conocer lo sucedido a esta organización y se le entregó en calidad de guarda o custodia todo el material audiovisual obtenido de la notificación, la entrevista, imágenes de apoyo y el momento que fueron retenidos y agredidos verbalmente para que se inicien las acciones legales pertinentes.

En cumplimiento del acuerdo firmado bajo presión, el canal de televisión informó sobre lo sucedido, pero no difundió nada del material audiovisual obtenido antes y durante el incidente.

El periodista anotó que personalmente no seguirá ninguna acción legal debido a que por experiencias pasadas las denuncias no prosperan en las entidades llamadas por ley y estas implican recursos económicos y mucho tiempo disponible.

El Diario.

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