
Tribunal Constitucional declara nula sesión del Parlamento del 5 de junio, pero valida crédito de $us 176 millones y amnistía humanitaria
- La sentencia 0113/2024 anula la sesión que buscaba cesar a magistrados autoprorrogados, pero mantiene vigente el decreto de amnistía y el financiamiento para la doble vía Caracollo-Colomi.
En un fallo que marca un precedente significativo en el ámbito político y judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró nula la sesión del Parlamento llevada a cabo el 5 de junio de 2024, tras acoger el recurso de nulidad interpuesto por el diputado Juan José Jáuregui contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La decisión, establecida en la sentencia 0113/2024, anula todos los actos derivados de dicha sesión, incluido el proyecto de ley que buscaba cesar a los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial y del propio TCP.

Sin embargo, el TCP validó dos aspectos tratados en esa misma sesión: la aprobación de un crédito de $us 176 millones para financiar el ‘Proyecto de Construcción de la Doble Vía Caracollo — Colomi: Tramo 2B Confital — Bombeo’, y el decreto presidencial 5137 que concede amnistía e indulto por razones humanitarias. Estos puntos mantienen su vigencia pese a la nulidad general de la sesión.
El fallo, firmado por los magistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Elizabeth Cornejo, también declara nulos todos los actos posteriores o emergentes de la sesión del 5 de junio. Esto incluye cualquier decisión o medida que haya derivado de aquella jornada legislativa, lo que genera un escenario complejo para el Parlamento y sus futuras acciones.
Respecto al crédito de $us 176 millones, este fue formalizado mediante la Adenda 1 al contrato de préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF) el 28 de julio de 2023. El monto modificado está destinado a impulsar la construcción de la doble vía, un proyecto de infraestructura clave para el desarrollo del país.
Por otro lado, el decreto de amnistía e indulto, que también fue ratificado, busca brindar beneficios humanitarios a personas específicas, aunque el TCP no detalló los nombres ni los casos concretos que se verán favorecidos por esta medida.
Este fallo del TCP no solo resuelve un conflicto legal, sino que también refleja las tensiones políticas y judiciales en Bolivia, donde la autoprorroga de magistrados y las decisiones parlamentarias continúan siendo temas de intenso debate. La sentencia, aunque parcial, deja en claro que ciertas decisiones trascendentales, como el financiamiento de obras públicas y las medidas de clemencia, mantendrán su curso pese a las controversias institucionales.