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Caso respiradores: Fiscalía acusa formalmente a exministro Navajas y pide 10 años de cárcel

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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este miércoles que se presentó la acusación formal en contra de ocho exfuncionarios implicados en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 170 ventiladores pulmonares de la marca y modelo Respira Device de origen español. Entre ellos está el exministro de Salud, Marcelo Navajas, para quien pidió 10 años de privación de libertad.

Los presuntos implicados son el exministro, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela Billewicz; el exdirector ejecutivo de la Aisem, Giovanni Pachecho Fiorilo; la exencargada de Equipamiento de la Aisem, Ana Fernanda Espinoza Morejón, y la exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos.

También está el excónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja Lozada; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (Ceass), Fernando José Arias Alzerreca, y Luis Fernando Humérez Ortíz, quien fue el contacto entre los personeros de la empresa española y el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud, Valenzuela.

“Los respiradores españoles, al ser recibidos, no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de no ser aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ni para tratar pacientes críticos a causa de la Covid-19. Este proceso de compra se inició el 8 de mayo de 2020”, señaló Lanchipa.

Los delitos por los que fueron acusados son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.

El Ministerio Público solicita una sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real e ideal, sostuvo Lanchipa.

La Fiscalía emitió la acusación formal sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales, colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación, entre ellas el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de 170 ventiladores pulmonares.

Además, informes técnico-periciales de informática forense a diferentes equipos celulares, de los que se extrajo conversaciones borradas que vinculan a los acusados en estos hechos, reportes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la UTI, ni para tratar pacientes críticos con covid.

Lanchipa recordó que los ventiladores fueron adquiridos de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting Global SL, a pesar de las observaciones que hizo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien advirtió que esos equipos eran muy básicos para terapia intensiva y no cumplían las especificaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, que se contaba con una mejor oferta y precios de la empresa boliviana Cosin Ltda. que ofrecía los ventiladores a 13 mil dólares la unidad.

Fuente: Pagina Siete

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