En 2019 y 2020, Diego García-Sayán llamó «autoproclamada» a Añez, y abogó por colaboradores de Evo y la independencia judicial
El Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán (quien ahora está en Bolivia) estuvo al tanto del gobierno de Jeanine Añez y la persecución judicial que desarrolló contra colaboradores de Evo Morales o al menos los llamados de alerta del MAS tuvieron más eco en el alto funcionario de la ONU.
Así se puede constatar en los tuits y artículos de opinión que publicó desde noviembre de 2019 hasta la fecha sobre la situación de la justicia en Bolivia.
En un artículo que escribió, cuatro días después de la renuncia de Morales, hace referencia a “la instalación accidentada de una autoproclamada presidenta de transición premunida no de la Constitución, sino de dos Biblias” en referencia a Jeanine Añez, quien ahora permanece detenida hace 11 meses por un supuesto “golpe de Estado”.
La detención de Carlos Romero es “persecución política”
“La detención del Sr. Carlos Romero con endeble base legal. Es otro ejemplo del uso de medios judiciales para persecución política. Reitero el llamado urgente que hice en febrero/ 2020 para respetar el debido proceso, la separación de poderes y la Independencia judicial» se lee en el tuit publicado el 8 de junio de 2020.
En el mandato que emitió en febrero/2020 al que hace referencia en su tuit señala que ha recibido información «en relación a un supuesto patrón de persecución política y judicial -con fines de represalia- así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), desde el establecimiento del actual Gobierno».
También refiere que «funcionarios de alto nivel del nuevo Gobierno anunciaron que habían presentado demandas judiciales contra antiguas autoridades y otros individuos relacionados con el MAS, especialmente por sedición, terrorismo, incumplimiento de deberes y otros delitos».
Indica que, en particular, el 13 de noviembre de 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció una «cacería» en contra del exministro de la Presidencia y hombre fuerte de Evo Morales, Juan Ramón Quintana.
En la exhortación enviada al gobierno de Jeanine Añez incluye información recibida de Wilma Alanoca, exministra de Culturas, que entonces se encontraba asilada en la embajada de México en La Paz.
Otro caso que desarrolla en particular es el de Carlos Romero, exministro de Gobierno de Evo Morales, quien permanecía detenido de manera preventiva en la cárcel de San Pedro por un supuesto caso de corrupción.
«Según información recibida, el memorial presentado para su citación, no contendría ningún elemento en contra del Sr. Romero, ninguna evidencia que lo pudiera relacionar con alguna responsabilidad en el caso, ni ningún elemento que pudiera fundamentar su involucramiento» se lee en los argumentos.
La independencia judicial “incomoda”
El 5 de junio de ese año también llamó la atención por la aprehensión del juez Hugo Huacani, quien envió a un exministro de Jeanine Añez a la cárcel por un caso de corrupción en la compra de respiradores con sobreprecio.
«A días de empezar a actuar en casos de corrupción, el juez Hugo Huacani fue amedrentado por autoridades. La independencia judicial incomoda cuando los jueces defienden el Estado de Derecho frente a intereses políticos. Condeno el menoscabo a la independencia judicial» retuiteó con ese mensaje un mensaje de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH Bolivia).
El 27 de febrero de 2020 compartió el comunicado de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que consideró que «el enjuiciamiento en #Bolivia de docenas de exfuncionarios del gobierno y personas relacionadas con la administración anterior son motivo de preocupación».
Tortuosa transición: “Hay persecución política usando la justicia”
El 6 de febrero de 2020 publicó el artículo de opinión «Bolivia: tortuosa transición» en el que repudia al gobierno de Añez y la persecución judicial.
«Podría haber sido esta una transición democrática; pero no, hay persecución política usando a la justicia. El gobierno transitorio de la señora Jeanine Añez debía haber concentrado sus energías en organizar una elección transparente y democrática, pero no es eso lo que está haciendo. Con razón, ha generado ya alarma internacional despertando memorias de oscuros momentos de la historia boliviana que parecían cobijados en un pasado lejano», escribió.
«Dos asuntos despiertan hoy creciente preocupación. Primero, la postulación presidencial de quien tendría que haber guardado absoluta neutralidad y completa distancia frente a la campaña electoral. Segundo, una sucesión de denuncias sobre atropellos a los derechos democráticos como señales preocupantes de persecución política» se lee en otro párrafo.
En el artículo llega a la siguiente conclusión: «La independencia judicial está bajo ataque y que el ejercicio libre de la abogacía se encuentra seriamente afectado. Sobre estos casos, denunciados públicamente, como Relator Especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, seguiré atento a la información que me siga llegando para determinar los pasos a seguir y mantener informada a la comunidad internacional».
Patricia Hermosa, exjefa de gabinete de Morales
Después reprochó la detención preventiva de la abogada y jefa de gabinete de Evo Morales, Patricia Hermosa. «Fue capturada mientras realizaba gestiones legales para inscribir a Morales como candidato al Senado en las próximas elecciones. Para ello llevaba originales de la documentación necesaria para ello, en particular la libreta militar de Morales. La documentación fue confiscada y Hermosa está ahora en prisión».
Wilfredo Chávez, abogado de Morales
También salió en defensa de Wilfredo Chávez, abogado de Morales. «Fue ministro en su gobierno y tuvo que pedir asilo en la embajada de Argentina. Es parte del equipo legal de Morales para su inscripción electoral con lo que igualmente se afectaría el derecho a la representación por el abogado de su elección».
Dockweiler y el “aplaudido sistema de transporte por cables”
Luego asumió defensa de César Dockweiler, exgerente de Mi Teleférico y candidato a la Alcaldía por el MAS. «El acoso a Cesar Dockweiler es otro, paradigmático, de altos funcionarios públicos que renunciaron a sus puestos luego de la renuncia de Evo Morales en noviembre y que están siendo perseguidos. Él era el gerente de la entidad estatal de transporte público “Mi Teleférico” que puso en marcha un aplaudido sistema de transporte por cables en La Paz. A partir de su renuncia, dos ministros del gobierno de la Sra. Añez no han cesado de lanzarle acusaciones y lo están incriminando, a través de fiscales, de “conducta antieconómica” y otros supuestos delitos».
La “campaña mediática” contra Wilma Alanoca
García-Sayán también sacó cara por Wilma Alanoca, ministra de Culturas. «Wilma Alanoca, fue Ministra de Culturas del gobierno de Morales. Se habría activado el acoso a ella con intensidad desde que Morales, desde el exilio, se refirió a Alanoca como posible candidata en las próximas elecciones (aunque sin especificar a qué cargo). Las acusaciones formuladas y la campaña mediática para afectar su imagen pública tienen todos los visos de enmarcarse dentro de actos para evitar la participación electoral de Alanoca».
«Se le viene acusando, entre otras cosas, de ‘organización criminal’ y de supuesta compra ilegal de gasolina para la ‘fabricación de bombas molotov’; todo a partir de una sospechosa requisa en un garaje del ministerio de Culturas. Según todos los elementos del caso, el accionar del magistrado a cargo, del fiscal y de la policía estaría afectando sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia e indicaría la falta de un actuar independiente tanto por juez como por el fiscal. Ella se encuentra en este momento asilada en la embajada de México sin que se le otorgue el salvoconducto», escribió.
Alanoca fue imputada por fabricación y tenencia de explosivos en su ministerio para repeler las protestas ciudadanas de octubre y noviembre de 2019, pero el caso fue cerrado después de que Luis Arce llegó a la presidencia en noviembre de 2020.
Gustavo Torrico, acusado por “sedición”
El Relator también salió en defensa de Gustavo Torrico, asambleísta del MAS y exviceministro de Morales, acusado por sedición y terrorismo. «Tortuosa transición», así cerró su artículo publicado en El País.
En octubre de 2019 en medio de la crisis política, el asambleísta departamental amenazó de muerte a los jóvenes movilizados en contra del fraude electoral.
«Lo digo frente a la cámara: No piensen que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, nosotros vamos a defender nuestra revolución contra quien sea», enfatizó Torrico y después advirtió a las madres y padres que se eviten el dolor de tener hijos muertos.
«Aquí sólo falta ver en este panorama oscuro que se presenta, si las madres, los padres están dispuestos a tener a sus hijitos en la calle cuando hay enfrentamiento. No sé cuántas madres están dispuestos a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo. Quien aguanta ese dolor ¿Y Carlos Mesa les va a devolver hijos? Eso es lo que tienen que ver», dijo entonces mientras su partido desplegaba grupos de choque para enfrentar a la ciudadanía movilizada.
La Fiscalía le inició el proceso por esas declaraciones.
García-Sayán tenía los ojos puestos en Bolivia.
El 6 de febrero de 2020 escribió: «Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales. Hoy, fue el turno del ex-Ministro Gustavo Torrico. Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso».
Jeanine Añez, “una autoproclamada presidenta”
El 14 de noviembre de 2019, cuatro días después de la renuncia de Evo Morales en Bolivia, escribió: «Destapando una olla a presión» en El País y destaca que «la polarizada sociedad boliviana parecería estar dividida al 50%, con organización y movilización».
Además, consideró que Jeanine Añez se «autoproclamó» como Presidenta de Bolivia.
«‘Insurgencia ciudadana’, ‘golpe de Estado’, ‘antesala de guerra civil’, etcétera. No se puede reducir a pocas palabras la compleja crisis política boliviana ni el curso que van tomando las cosas desde la renuncia de Evo Morales y la instalación accidentada de una autoproclamada presidenta de transición premunida no de la Constitución, sino de dos Biblias. Se le atribuye un aterrador discurso racista vía Twitter que ojalá no sea cierto» se lee en el artículo.
Después intenta hacer algunas analogías con lo que ocurrió en Perú con la caída de Fujimori, aunque señala que hay tres diferencias.
“La ilegalidad de la postulación de Evo”
«Primero: diferencias sustanciales en la relación Gobiernos sociedad. Mientras en el Perú de Fujimori se estaba ante un régimen autoritario y vertical, imbricado con el servicio de inteligencia militar y sin interacción orgánica con la sociedad, el proceso político boliviano ha tenido otras características. Se vertebró una sociedad prevalecientemente indígena y una dinámica de integración/cooptación con el poder gubernamental. Innegable reconocer que en ese contexto muchas veces desde el Gobierno se alentó un peligroso revanchismo étnico/racial que no es ni será irrelevante en los futuros acontecimientos».
Luego opinó sobre la «sugerencia» de las Fuerzas Armadas para la renuncia de Morales. «La institución militar no fue durante el régimen boliviano anterior protagonista; su ‘recomendación’ a la renuncia de Evo en las finales fue una cereza encima de la torta cuando ya los acontecimientos se habían desbordado. En Perú la cúpula castrense y de inteligencia eran el sostén crucial del Gobierno autoritario; al instalarse el Gobierno de transición de Valentín Paniagua su principal amenaza estaba en esas estructuras imbricadas con el Gobierno de Fujimori».
«Segundo: un importante crecimiento económico en Bolivia (se triplicó el PIB) y se redujo la extrema pobreza: del 38,2% (2005) pasó a 15,2% (2018). Junto con políticas sociales razonablemente eficaces resultó en una importante legitimación gubernamental. El decenio de Fujimori fue modesto en crecimiento económico (3,3%) y sin mayor impacto en reducción de pobreza. El boom peruano arrancó luego de reestablecida la democracia».
«Tercero: una intensa, violenta —y creciente— polarización en la Bolivia de hoy que va desde la ilegalidad de la postulación de Evo a la disputa sobre la legalidad de una presidenta de transición cuya preocupante mezcla de política con religión no apuntan particularmente a la concordia nacional. La oposición democrática a Evo Morales parece desbordada por la derecha extrema. No es el Perú del 2000; no había “masas” con Fujimori, aparatos que ocupasen la calle ni gestos confrontacionales desde la transición» cierra.
Los tuits y artículos sobre Bolivia en el gobierno de Luis Arce
El 13 de marzo retuiteó un hilo de la OACNUDH Bolivia sobre la persecución judicial de Luis Arce contra los opositores.
«La Misión subraya una vez más la importancia de que en todo proceso se observen estrictamente: Las salvaguardas del debido proceso, lo que implica asegurar que toda persona cuente con una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial; en el que se garantice la publicidad del proceso y no se empleen tipos penales ambiguos o desproporcionados».
«Esta posición la sostuvimos en el Informe sobre la situación de los derechos humanos tras las elecciones de 2019, en el que se formulan recomendaciones que promueven cambios estructurales para atender las causas profundas de las violaciones de #DDHH y asegurar su no repetición» cierra el hilo.
El 14 de marzo de 2021 retuiteó una declaración del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre Bolivia.
«En relación con las recientes acciones legales emprendidas contra ex funcionarios y autoridades gubernamentales en Bolivia, el Secretario General recuerda la importancia de respetar las garantías del debido proceso y la total transparencia en todos los procedimientos judiciales» se lee en una parte de esa declaración.
El 23 de julio de 2021 expresó su «preocupación» por «actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales» se lee en su cuenta.
Y eso fue todo (pese a las denuncias constantes de persecución política y judicial e informes que dan cuenta de la falta de independencia judicial), al menos en su cuenta verificada de Twitter.
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