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Policía acusado por motín presenta Acción de Libertad

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El abogado, Ramiro Carrillo, que patrocina al suboficial de Policía, Jaime C. C., acusado por el presunto motín de 2019, presentó ayer una Acción de Libertad porque se vulneraron varios derechos de su patrocinado. Como tercer interesado citó al relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, para que vea en “terreno” todo lo que está pasando.

El jurista precisó que presentaron incidentes y excepciones en el proceso, y lo “normal” sería resolver primero ello mediante una resolución, empero los juzgadores emitieron un decreto de respuesta a incidente.

“Un decreto no es mero trámite (…) además el documento que hemos visto que está fundamentado, es decir considerando I, II, III, etc. y hay un por tanto, entonces no es un decreto. Hemos pedido enmienda y complementación nos han negado porque dice que no es una resolución sino un decreto” precisó Carrillo a EL DIARIO.

En ese marco explicó que presentó una Acción de Libertad de forma oral, empero no fue escuchado y ayer formalizó su solicitud.

“Presento la Acción de Libertad y como tercero interesado está l representante de la ONU. Él tendría que estar en la Acción de Libertad para que compruebe cómo es la injerencia política”, precisó.

DATOS

En anteriores entrevistas, el expolicía David Vargas y la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, manifestaron que la acusación contra el suboficial de la Policía, por cometer faltas graves durante los conflictos de 2019, es solo para escarmentar a los efectivos y desmembrar la institución.

El 18 de enero de 2021, el Viceministro de Descolonización presentó una denuncia contra 26 funcionarios policiales por faltas graves disciplinarias durante el presunto motín de noviembre de 2019.

El 21 de abril pasado, la Fiscalía Departamental Policial de La Paz informó que en el proceso disciplinario habían acusado al suboficial y tenían pendientes otras investigaciones contra nueve funcionarios policiales.

Extraoficialmente se conoció que la acusación del suboficial se basa en el artículo 14 (Faltas graves con retiro o baja definitiva), numeral 10 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, que señala: “Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión”.

El abogado que patrocina al suboficial precisó que la acusación contra su cliente es por emitir algún criterio que supondría hacer un llamado para que se realice un motín policial, que en su criterio, no existió.

Manifestó que las pruebas presentadas contra su cliente son fotografías y videos que no evidencian la falta que presuntamente cometió, por lo que en juicio se evidenciará la falsedad e incongruencia en la acusación.

Por otro lado, Vargas precisó que lo ocurrido en 2019 no fue motín porque no tenía las características como la desobediencia al mando constitucional, expulsión de los miembros de jerarquía superior o una toma del poder de cuarteles.

“En una institución uniformada, nadie puede actuar de manera individual, lo que uno hace es representar a un conjunto de policías pero cuando se tiene una jerarquía superior de todos los presentes. Si al suboficial le están iniciando un proceso es porque él debió asumir el mando de un conflicto que se estaba dando, seguramente él tenía la máxima jerarquía. Cuando se reúnen los policías, todos tienen una jerarquía, todos nos diferenciamos porque sabemos quién es el más antiguo y quién tiene el mando. Nadie tiene la capacidad de hacer ello, menos un suboficial que no está en el nivel de jefe”, explicó.

El 9 de noviembre de 2019, policías de La Paz, que se encontraban en la plaza Murillo, y otras unidades, decidieron desplazarse al edificio de Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), donde se replegaron y colgaron una bandera boliviana.

El día 10 de noviembre, después de la renuncia de Evo Morales, turbas enardecidas empezaron con actos vandálicos como la quema de los buses PumaKatari, casas privadas de periodistas y activistas.

Desde la madrugada del 11 de noviembre de 2019, las turbas quemaron y destruyeron al menos ocho estaciones de policías en las ciudades de El Alto y La Paz.

Los hechos más relevantes sucedieron en la ciudad de El Alto, donde un grupo de movilizados quemó las instalaciones de Tránsito y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la urbe alteña. Ambos inmuebles quedaron totalmente inservibles.

Los efectivos policiales no pudieron controlar a la turba que, por la fuerza, ingresó a las instalaciones. Allí dentro saqueó e incendió el lugar. Cuando inició el fuego, los efectivos policiales huyeron por donde pudieron.

En videos que circularon en las redes sociales se evidencia que tras la quema del Comando Regional de la Policía Nacional de El Alto, ubicado en la carretera a Oruro a la altura del cruce Viacha, otra turba enardecida saqueó quintales de arroz, azúcar y otro tipo de alimentos. Además quemaron una movilidad y algunos cuartos que de la planta baja.

El Diario.

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