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Corrupción, el mal que creció en cárceles con el coronavirus

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“Muchas cosas cambiaron en la cárcel durante la pandemia, menos la corrupción”, sostiene Sandro, interno de una de las secciones del penal de San Pedro de La Paz, el segundo recinto con mayor población del país. En 17 meses de emergencia sanitaria, que desnudó la calamidad del sistema carcelario nacional, Sandro ha experimentado mucho miedo, hambre y desasosiego.

Durante la primera ola del nuevo coronavirus (covid-19), en 2020, que dejó más de 50 muertos en la población penitenciaria del país, el temor a la muerte cundía. Aunque los abusos con cobro de celdas y extorsión a nuevos internos pararon por un corto tiempo, las prohibiciones por la pandemia se convirtieron en una gran oportunidad para quienes cuidan la puerta.

Los internos reconocen que la cárcel ya no es como antes de 2018, cuando grupos de reclusos con sentencias de 30 años, junto a los delegados, secuestraban y extorsionaban de forma abierta a los recién llegados. También ven una mejora parcial en la alimentación y en la atención en salud, principalmente por el tema de la covid-19, aunque advierten insuficiencia de personal y medicamentos. Pero lo que se afianzó, aseguran, fue la corrupción.

ANF entrevistó a internos de cinco secciones del penal de San Pedro –de los que se cambió el nombre para proteger su privacidad y seguridad–, al Director Nacional de Régimen Penitenciario y realizó una revisión del Censo Carcelario 2019 para evidenciar que los cobros ilegales y las extorsiones continúan y en estos actos ilícitos se encuentran implicados delegados de los internos, policías y funcionarios del Régimen Penitenciario.

“Respecto al trabajo de la privación de libertad, la corrupción se da en niveles de los centros penitenciarios y le aseguro que no llega al nivel de la dirección general, pero hay corrupción, eso no se niega”, admitió Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, en entrevista con radio Deseo.

Pese a los esfuerzos de la nueva gestión penitenciaria por tener mayor presencia del Estado en las cárceles, para controlar los abusos y cobros, esta sigue siendo nominal. El control policial se centra principalmente en las puertas de acceso a los recintos penitenciarios para evitar el ingreso de droga, alcohol y suministros y artículos no permitidos.

Las restricciones que ha impuesto la emergencia sanitaria por el coronavirus han significado una gran oportunidad para los carceleros que, quebrantando la ley, han monetizado cada una de las prohibiciones. “Los policías son los más beneficiados con la pandemia”, dicen los internos.

En los días de encapsulamiento, en la cárcel de San Pedro, cuando estaba prohibido el ingreso de visitas, los policías cobraban 50 bolivianos y a quien se quedaba a pernoctar, 200 bolivianos.

Cuando se fue flexibilizando y se permitía el ingreso de visitas por número de carnet de identidad, los policías dejaban entrar a quienes no les correspondía cobrando entre 30 y 50 bolivianos a las secciones Posta, Chonchocorito y Grulla. Visita que no contaba con traje de bioseguridad pagaba 20 bolivianos extras.

Incluso el ingreso de medicamentos, que por la pandemia se había flexibilizado, tenía costo. Policías cobraban por entrega fuera del horario de visita hasta 50 bolivianos.

Todo esto se sumó a los ya acostumbrados cobros: por ingresar una radio pequeña 50 bolivianos; cuchillos, 20; celulares de 50 a 200 bolivianos, dependiendo la gama; y por el ingreso de jugos, refrescos, lácteos, frutas, enlatados, entre otros, considerados supuestamente prohibidos, 10 bolivianos por botella.

Hasta cuando el interno consigue su libertad y con orden judicial en mano pide salir, el policía de turno le exige 100 bolivianos, y si no tiene lo gestiona con los familiares. Si no paga, no sale ese día, pero sí algún día, según las denuncias señaladas por los los internos y otras ya conocidas con anterioridad.

Muchos de estos hechos fueron reconocidos por el propio director nacional de Régimen Penitenciario; visitas clandestinas en días y horarios no permitidos, que se han dado con aquiescencia de personal policial y civil “que lastimosamente se han prestado a este tipo de situaciones, las cuales hemos censurado y sancionado en su momento”.

“El caso de los policías cuándo acabará, va a seguir por los siglos de los siglos si este recinto continúa”, dice Raúl, ahora exinterno de Chonchocorito.

Ante estos abusos, los familiares de los internos se quejaron. Una mañana, cuenta Raúl, vino a la sección el mayor, a decir que las visitas ya no ingresarían ni pagando porque llegaron muchas quejas al coronel José Luis Morales del Castillo, gobernador del penal. Sin embargo, al otro día, el ingreso de visitas, mediante cobro, siguió.

Mario, de Palmar, afirma que los policías están mal acostumbrados a cobrar de todo. Siente que en parte los internos tienen la culpa que por evitar problemas siempre accedan a sus pedidos. Incluso a los que tienen tarjeta de autorización para ingresar insumos al penal, son víctimas de los cobros de los policías, en dinero o en especie. “Piden pollo, bebidas, crédito para llamada telefónica, etc.”, dice.

Los internos se han convertido en una fuente de recursos para algunos funcionarios policiales, que buscan todas las maneras de sancionar al privado de libertad, incluso mediante “medidas tramposas”, para sacarle dinero.

Marco, de la sección San Martín, dice que, para el conteo de internos, el policía llega minutos antes y cierra la puerta de ingreso a la sección junto a los disciplinas, que son internos dedicados a la seguridad. Los privados de libertad que no fueron contados son llevados a Muralla, por 48 horas, como castigo. El policía da al interno la opción de evitar la sanción con un pago de 50 bolivianos y “si no tienes plata, incluso ofrece que el pago sea a crédito”.

En otros casos, señala, los policías intervienen la celda donde están bebiendo alcohol y los lleva a Muralla. Les pide hasta 600 bolivianos para salir, sino los amenaza con un mes en Muralla y un informe negativo sobre sus casos. Los internos señalan que estos abusos son cometidos principalmente por los sargentos Villca y Huanca, que trabajan hace varios años en este penal, a quienes califican de “demasiado abusivos”.

También el ingreso de droga y alcohol, permitido por un turno policial, es visto como una oportunidad por los efectivos de un nuevo turno, que “directamente va a la celda del recluso, no para decomisarle la mercancía ilegal, sino para exigir dinero, y ahí el pago es mayor, hasta 4.000 bolivianos”.

“Es un círculo vicioso de corrupción que han creado los policías” para sacar dinero, afirma Raúl.

El director de Régimen Penitenciario dijo en la entrevista a este medio que su gestión y el actual gobierno están en la tarea de eliminar todo tipo de abusos de parte de funcionarios policiales o del equipo multidisciplinario.

En septiembre de 2019 se conoció que al menos 30 policías que controlaban cárceles fueron apartados y procesados por la vía penal y administrativa por hechos de corrupción y faltas disciplinarias.

Por la misma fecha, funcionarios del equipo multidisciplinario de la cárcel de San Pedro -profesionales en medicina, psicología, educación y leyes-, fueron cesados en sus funciones por realizar cobros irregulares y extorsiones. Incluso la trabajadora social, quien tenía amoríos con un delegado de la sección Cancha, fue cesada.

El mismo año, meses antes, el director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, fue removido de su cargo, tras conocerse denuncias sobre la venta de celdas en la sección Posta del penal de San Pedro, que él siempre negó. Las destituciones y procesos daban una señal de parte del Gobierno, en muchos años, de que había interés en mejorar la precaria estadía de los internos en las cárceles.

Pero el cobro por celdas continúa. Por ejemplo, en Chonchocorito, los delegados cobran 10 bolivianos al mes por el alquiler de un espacio común en el que duermen hasta 50 internos. En Palmar y San Martín el alquiler de una celda individual precaria en promedio cuesta 350 bolivianos. Los dueños del penal siguen cobrando por los espacios.

Limpias dice que esta política de corrupción fue heredada de hace unos 30 años, cuando había total ausencia del Estado en las cárceles y está siendo abordada para hacer entender a los internos que todo lo que está dentro del penal es propiedad del Estado.

FRENTE A LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA

A esta economía ilegal, de la oportunidad, se suman los cobros a los internos nuevos -con detención preventiva- mediante métodos violentos. La ausencia del Estado en las cárceles, que ha dejado bajo responsabilidad de los internos el mantenimiento de los recintos, como ocurre en San Pedro, hace que deban conseguir recursos bajo una estructura que lamentablemente más favorece a los celadores, dice Martín.

Cuando un nuevo interno llega al penal, recibe la advertencia de los delegados y los policías: “Si cumples con todo lo que se te ordena, todo estará bien, pero si no haces caso, te irá mal”.

Los delegados de cada una de las nueve secciones tienen acordado cobrar a cada interno que ingresa 2.500 bolivianos, a los casos especiales –violación, feminicidio y otros- 5.000 bolivianos, dinero que se dice es para cubrir las necesidades de la sección, pero no todo el dinero va en beneficio de los internos, la mayor parte va en favor de un sistema de corrupción muy bien estructurado.

Los internos tienen que pagar, así no tengan, y el proceso para conseguir el compromiso de pago es violento. “Hasta hace unos meses era con golpizas en el cuerpo, excepto en la cara”, dice Javier, pero “hubo denuncias hacia el coronel y a Régimen sobre estos cobros, pero como ambos reciben dinero de cada sección, solo dijeron: ‘cuidado se les pase la mano’”.

Tras la denuncia por estos hechos a entidades de derechos humanos, que llegaron hasta el coronel, éste dijo: “Cero golpes, solo se presionará llamando a sus familiares”, según recuerda Javier.

Desde el 2017, dice Limpias, “el hecho de haber sacado a los niños que vivían en los centros penitenciarios de varones, de haber desbaratado grupos de poder como el famoso Víctor Hugo Escobar, alias el OTI, en Santa Cruz, desarticular grupos en El Abra, desarticular grupos en San Pedro, con Víctor Hugo Mendoza, creo que ha sido un inicio importante”.

¿CON CUÁNTO SE QUEDAN LOS INTERNOS?

En Chonchocorito, por el cobro de cada interno nuevo, de los 2.000 bolivianos, la sección solo se queda con 500, el resto se distribuye entre los delgados, policías y personal penitenciario, que avalan la extorsión violenta a los nuevos presos.

“El cobro del dinero solo se justifica para el mantenimiento del penal, y ese dinero de los internos, debe ir solo a los internos”, reclama Sandro.

Por la ausencia del Estado, con parte del cobro a los nuevos, los internos cubren el pago de insumos, arreglo de duchas, refacciones, compra de artículos de mantenimiento, utensilios de cocina, insumos de limpieza como lavandina, aromatizantes, detergente, lavavajillas, pago de televisión por cable, entre otros.

Si el Estado diera suficientes recursos y un lugar donde dormir para el interno, con una cama y un colchón, implementos de aseo personal y otros, como manda la ley, los internos no recurrirían a los cobros coactivos, señala Sandro. “Lo que pasa actualmente con estos cobros es que ya es un vicio del coronel, de los policías y de los delegados”, señala Javier.

Con el cobro de esos ingresos se paga al Coronel, al Mayor, a los tenientes, suboficiales y hasta al policía que registra el carnet cuando ingresan las visitas, que recibe 50 bolivianos por cada nuevo. El teniente recibe 200 bolivianos, de acuerdo a las denuncias.

Este pago a la Policía, desde el gobernador hasta los funcionarios que están al ingreso del penal, representa un “pacto de convivencia”, mediante el cual la máxima autoridad se hace “de la vista gorda” frente al contrabando de alcohol, drogas, celulares, televisión por cable, entre otros, el tipo de consuelos que pueden hacer tolerable la vida en prisión.

A pesar de este acuerdo, hay policías que no pierden la oportunidad de aprovechar cobros, cuenta Javier.

Además, indica Raúl, existen los “gastos por apadrinamiento” que consideran los internos para apoyar a otras secciones: refacción de una plaza, a adultos mayores, para jugadores de futbol en campeonatos. Y aquí los policías también participan; piden a los internos apadrinar la compra de sus uniformes y hasta para sus festejos. Los delegados, por llevar la fiesta en paz y mantener ciertos favores, acceden a usar el dinero de los internos.

“Viene el encargado de Seguridad de los policías y dice: ‘necesito colaboración para los uniformes de mis escoltas y encargados de las puertas’, nos recuerda que son ellos quienes nos llevan a las audiencias, a los hospitales y a otros lugares, pero igual cuando nos llevan nos cobran para el taxi y hasta para hacerles comer”, lamenta Raúl.

En una ocasión, “vino el suboficial de apellido Llusco y pidió el apadrinamiento de 30 pollos para su personal por el día del Padre”, recuerda.

Todas estas irregularidades ya institucionalizadas, que recaen principalmente sobre los detenidos preventivos, no es denunciada debido a que consideran no hay garantías dentro del penal. “Si lo haces te trasladan o te llevan a un lugar de castigo acusado de incitación”, dice Sandro.

Régimen Penitenciario abrió espacios de denuncias, no solamente de parte los privados de libertad, sino también por las familias. Hizo pública la línea de WhatsApp 76746428 con el objetivo de recibir denuncias sobre presuntos de abusos, extorsiones y hechos irregulares. No obstante, los internos dicen que desconocen esta acción.

La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario coordina con instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Sepret (Servicio para la prevención de la Tortura) y el Alto Comisionado para que en sus visitas que realizan a los penales “puedan darnos una retroalimentación y corregir estas viejas praxis (de abuso y corrupción), identificar a esos privados de libertad que están realizando estas cosas que para nosotros son totalmente irregulares”, remarca Limpias.

Para conseguir un cambio sustancial en los funcionarios penitenciarios, Limpias busca “una especialización del personal tanto civil como policial –mediante un convenio con la Universidad Mayor de San Andrés- para cambiar ese chip” y concientizar sobre la corresponsabilidad que debe tener el personal en el tema de la reinserción social de las personas privadas libertad.

Régimen Penitenciario dio garantías para que los reclusos y sus familiares puedan presentar las denuncias, sin embargo, para los internos “es solo pantalla” porque, según aseguran, funcionarios de Régimen Penitenciario también participan de los actos ilícitos, y también han sacado provecho de la pandemia de la Covid-19. (ANF)

El Diario.

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