Reportan a la Fiscalía caso del oso jucumari

La Policía Forestal y Prevención del Medio Ambiente (Pofoma) reportó al Ministerio Público los nombres de las personas que aparecen en varias fotografías, luego de haber asesinado a un ejemplar del oso jucumari y anunció la investigación del caso, tras una denuncia divulgada por las redes sociales, informó la viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la crueldad con la que actuaron un grupo de hombres, quienes procedieron a quitar la piel del oso, un hecho que generó la condena y repudio de la población boliviana. Sin embargo, la difusión de las mismas en Facebook permitió ayudar a las autoridades a identificar a los autores de la cacería.

Por su parte, Teresa Pérez, directora de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Dgbap) le comunicó a la RAI que ya lograron identificar los nombres de los autores de la matanza. “Ya le hemos pasado los nombres de los responsables a la Fiscalía para que investigue mayores datos. Una vez se cuenta con esa investigación recién vamos a ir y realizar la inspección al sitio’’, indicó la autoridad.

La matanza indiscriminada de animales de muchas especies consideradas en peligro de extinción, como el oso de anteojo o jucumari, el jaguar, el puma, los suris, quirquintos, entre otras, por cazadores furtivos se están poniendo en peligro los ecosistemas y la preservación de muchas especies de animales únicas.

Según las autoridades de Pofoma, se investigará la matanza de los animales, toda vez que se convirtió en un gran negocio, pues comercializan pieles, colmillos, garras y otras piezas que tiene un gran valor económico en el mercado negro.

Una vez más las redes sociales sirvieron para denunciar la indiscriminada matanza de animales y la crueldad con la que actúan los cazadores furtivos o súbditos chinos sin tomar en cuenta los grandes daños que hacen a las especies protegidas.

En días pasados, la organización “Jóvenes Ambientalistas por Bolivia”, a través del Facebook, denunciaron la matanza de un ejemplar macho de oso de anteojos o juk’umari. En las fotografías se identifica a los responsables de la cacería y la crueldad con la que actuaron con este ejemplar en peligro de extinción.

“Gran indignación en la comunidad ambiental. Ayúdanos a hacer justicia, compartamos para lograr identificar a quienes dieron muerte a este oso andino (jucumari)”, dice el texto de la publicación.

Ese no es el único caso, en el portal etniasbolivia.com se denunció la matanza de ejemplares de jaguares en la reserva del Madidi. Según la publicación, las rutas de los cazadores furtivos apuntan a ixiamas y bolpebra. Lejos de las selvas, las autoridades ya han requisado colmillos que implican la muerte de 200 jaguares. La masacre afecta a la presunta región más biodiversa del mundo.

Las cifras oficiales lo confirman. La Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Dgbap) del Ministerio de Medio Ambiente ha registrado entre 2014 y 2017 la recuperación de 800 colmillos de jaguar. Iban a ser traficados a China e implican la muerte de, por lo menos, 200 felinos de esta especie.

La principal responsable de la Dgbap puntualiza que la mayoría de los casos se han producido en la zona Madidi – Pilón Lajas, entre el Beni y La Paz. Coincidentemente, en el entorno de todas las áreas afectadas, desde hace tres años se desarrollan proyectos ejecutados por empresas chinas.

DE LA NORMA

En Bolivia, la cacería de animales silvestres tiene una pena máxima de hasta seis años de cárcel, según el artículo 223 del Código Penal, sobre Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional.

El artículo 106 de la Ley 1333 de Medio Ambiente señala: “Los delitos ambientales contemplados en el Título XI, Capítulo V de la Ley serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, el Código Penal y su Procedimiento. A este efecto, la Autoridad Ambiental Competente denunciará los hechos ante la Fiscalía del Distrito y se constituirá en parte civil, coadyuvante o querellante”.

El artículo 223 del Código Penal indica: “El que destruyere, deteriorare, substrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.

El Diario

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