Gobierno pedirá a la Asamblea destrabar créditos para evitar colapso fiscal y garantizar voto en el exterior
Montenegro y Cusicanqui explicarán este lunes el destino de más de $us 1.800 millones ante comisión técnica; sin estos recursos, peligra la logística electoral en 33 países
El Gobierno nacional intentará este lunes convencer al Legislativo de aprobar una cartera de créditos externos por más de 1.800 millones de dólares, cuyos desembolsos están frenados desde 2023. Los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, comparecerán ante una comisión técnica multipartidaria con el objetivo de explicar el uso de estos recursos.
Uno de los puntos más críticos es el financiamiento del voto boliviano en el exterior, programado para el 17 de agosto, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) considera en riesgo por falta de presupuesto. El operativo debe desplegarse en al menos 33 países, pero sin la aprobación de los créditos, el Ejecutivo advierte que la logística podría colapsar.
La parálisis legislativa ha bloqueado una decena de proyectos de ley enviados por el Ministerio de Economía para concretar préstamos con organismos como el BID, la CAF y la JICA. Varios de ellos ni siquiera fueron tratados en el pleno de la Asamblea debido a la fragmentación política entre el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
“No aprobar estos créditos es como bloquear el oxígeno del Estado”, advirtió recientemente Montenegro, al lamentar el rechazo del crédito con la cooperación japonesa (JICA) por $us 100 millones, destinado a la atención de desastres naturales.
El Ejecutivo sostiene que la falta de divisas impide operaciones esenciales como la importación de combustibles, medicamentos, además de frenar proyectos de infraestructura y respuestas ante emergencias climáticas. El riesgo fiscal, según fuentes gubernamentales, es cada vez mayor.
Durante la cumbre Multipartidaria por la Democracia, realizada el pasado jueves 12 de junio en Santa Cruz, los partidos firmaron un compromiso para destrabar los créditos, especialmente los vinculados al proceso electoral. Sin embargo, los avances en el Legislativo siguen siendo inciertos.
La sesión de este lunes marca el primer paso de una nueva estrategia: una comisión técnica de alto nivel convocada por el vicepresidente David Choquehuanca, integrada por representantes del Ejecutivo y las tres fuerzas legislativas. El objetivo es evaluar caso por caso y lograr acuerdos técnicos que superen el bloqueo político.
Desde la Vicepresidencia, se emitió un comunicado señalando que se busca “una gestión responsable y articulada entre órganos del Estado”, que permita la reactivación de proyectos urgentes sin necesidad de mayores conflictos.
Por su parte, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) exigió la aprobación de al menos $us 325 millones para proyectos de emergencia y desarrollo urbano. Alcaldes de todo el país advirtieron con movilizaciones si no se liberan los fondos, sumando más presión a una Asamblea cada vez más trabada por disputas internas.