Abogado denuncia encubrimiento policial tras orden de aprehensión contra el ministro Édgar Montaño
Extrabajadores de Sabsa exigen cumplimiento de fallo judicial por Bs 55 millones; Montaño califica el caso como “anecdótico” y acusa parcialización judicial.
El abogado de los extrabajadores de Servicios Aeroportuarios Bolivianos (Sabsa), José Antonio Mozza, denunció este martes que la Policía Boliviana se negó a recibir la orden de apremio emitida por el juez de Trabajo de Yapacaní, Marcelo Cortez, contra el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, en un proceso judicial por el pago de Bs 55.189.880 por concepto de Diferencia Salarial.
“Hay un encubrimiento por parte de la Policía, incumpliendo la resolución judicial, aduciendo que el trámite debe hacerse en un juzgado laboral”, afirmó Mozza a EL DEBER. El jurista explicó que el mandamiento es claro al disponer que la aprehensión sea ejecutada por un juzgado laboral de La Paz y/o el Comando Policial, lo que convierte el cumplimiento en una orden alternativa.
Los representantes legales de los extrabajadores se presentaron en Santa Cruz con la orden original, pero la Policía se negó a recibirla. Anunciaron que solicitarán el sorteo de un juzgado laboral para volver a presentar el mandamiento.
Según Mozza, el proceso comenzó en 2011 con unos 320 extrabajadores, la sentencia se dictó en 2015 y el fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en 2023, adquiriendo carácter ejecutoriado. Desde entonces, el Ministerio ha recurrido a acciones legales dilatorias, según el abogado.
Mozza aclaró que esta deuda no afectará las arcas estatales, pues corresponde a un monto incluido en el precio de nacionalización pagado a la empresa española Abertis, exaccionista de Sabsa.
Desde Tarija, el ministro Édgar Montaño calificó el caso como “anecdótico” y acusó al juez de Yapacaní de actuar de manera parcial. “No puede ser que después de 15 años pidan igualación salarial. Ya firmaron contratos por su voluntad”, dijo. También anunció una representación legal para defender “los recursos de todos los bolivianos”.
El conflicto refleja la tensión entre una sentencia laboral firme y la resistencia del Estado a ejecutarla, lo que ha derivado en una inédita orden de aprehensión contra un ministro de Gobierno.