Periodistas de «Opinión» en emergencia: Siete meses sin salarios y bajo amenazas
- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia denuncia vulneración de derechos laborales y libertad de expresión en el medio cochabambino.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), junto a las nueve asociaciones departamentales, ha expresado su solidaridad con las y los trabajadores del diario Opinión de Cochabamba, quienes se encuentran en estado de emergencia tras siete meses sin recibir sus salarios. Esta situación no solo afecta el sustento diario de los periodistas, sino que también representa un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información en el país.
Según la denuncia, la gerencia de la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios (COBOCE), casa matriz del medio, ha optado por la intimidación y las amenazas en lugar de buscar soluciones. Se han reportado presiones para forzar renuncias y despidos, así como el incumplimiento de una orden judicial que obliga al pago de los salarios adeudados.
«Condenamos enérgicamente el maltrato laboral y respaldamos la lucha de las y los trabajadores», declaró la ANPB. El impago de salarios no solo vulnera el derecho a un trabajo digno y a una remuneración justa, sino que también pone en riesgo las cotizaciones de seguridad social, afectando las prestaciones de salud y jubilación. Además, esta situación genera precarización laboral, inestabilidad económica y limita el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.
La ANPB también alertó sobre el riesgo que corre la continuidad del diario Opinión, un medio con 40 años de trayectoria fundado bajo los principios del cooperativismo y comprometido con la calidad informativa en Bolivia. «La negligencia de COBOCE no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en peligro un pilar del periodismo nacional», señalaron.
Ante esta crítica situación, la ANPB exigió al Gobierno intervenir para garantizar el cumplimiento de la ley y el pago inmediato de los salarios adeudados. «Los derechos laborales son irrenunciables, y es deber del Estado asegurar su protección», concluyó la asociación, instando a las autoridades a actuar con urgencia para evitar que esta crisis siga escalando.
Mientras tanto, las y los periodistas de Opinión continúan en pie de lucha, resistiendo ante la incertidumbre y reclamando justicia en un caso que ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del sector periodístico en Bolivia.
