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En 2018 se “monitorearon” 110 casos de persecución política

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En 2018 se “monitorearon” 110 casos de persecución judicial por motivaciones políticas en el país, según el Observatorio Boliviano de Derechos Humanos (DDHH).

El Reporte anual de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia, difundido por esa instancia, da a conocer que en Santa Cruz está concentrada la mayor cantidad (62) de casos de persecución política, en relación a los que se interpusieron en los demás departamentos.

“Muchos de estos casos persisten en el tiempo, durante varios años. Uno de ellos es el denominado caso de supuesto terrorismo, donde los procesados llevan años”, indicó el coordinador del Observatorio Boliviano de DDHH, Romano Paz.

A Santa Cruz le siguen los departamentos La Paz, con 24 casos “monitoreados”; Chuquisaca, con 16 casos; Pando, con cinco casos; Cochabamba, con dos; y Tarija, con uno.

Paz explicó que la categoría “persecución judicial por motivaciones políticas” hace referencia a los procesos que se presentaron contra ciudadanos “únicamente por criticar o pensar diferente a las autoridades de Gobierno”.

“Son intereses políticos partidarios, instrumentalizados para perseguir judicialmente a todas aquellas personas que estén incómodas al discurso oficialista”, afirmó el coordinador.

Los 110 casos de persecución política de 2018 representan el mayor registro de los últimos cuatro años. En 2015 se “monitorearon” 102 casos; en 2016, 83 casos; y en 2017, 89.

“La justicia boliviana viene atravesando por una profunda crisis. Para nadie es de extrañar que la reforma judicial no dio los resultados que se esperaban. El Órgano Judicial está sometido a los intereses del Órgano Ejecutivo”, manifestó Paz.

Las reacciones

El diputado oficialista David Ramos negó que en Bolivia haya casos de persecución judicial por motivaciones políticas.

“La mayoría de los que se dieron a la fuga del país -no vamos a decir que Gonzalo Sánchez de Lozada es perseguido político-, la mayoría están ligados a esa tendencia como Mario Cossío de Tarija, Manfred Reyes de Cochabamba, que han sido aliados durante la masacre de Octubre Negro. Son prófugos de la justicia. Esos informes (del Observatorio) no tienen ningún asidero con los acontecimientos que se dieron en el país”.

En tanto, Gonzalo Barrientos, diputado opositor de Unidad Demócrata, indicó que la persecución política “es la característica de un régimen dictatorial”.

“Es el poder a través de la justicia para generar persecución política, para acallar y generar temor al pueblo; por lo tanto, están cumpliendo una receta a la venezolana. Hay muchos dirigentes de Adepcoca que son víctimas de persecución”, manifestó.

Pagina Siete.

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