Planta procesadora de trucha en Jinchaca: Un fracaso millonario en medio de irregularidades
Asambleísta denuncia contradicciones y posible daño económico al Estado
Martes, 11 de marzo de 2025 (FmBolivia).- La Planta de Procesamiento de Trucha en Jinchaca, ubicada en el municipio de Copacabana a orillas del lago Titicaca, debía convertirse en un motor para la comercialización de trucha ahumada, filetes y enlatados para el mercado local e internacional. Sin embargo, el proyecto ha colapsado en medio de informes contradictorios, falta de documentación y presunto despilfarro de recursos públicos.
Según el asambleísta departamental Israel Alanoca, de la bancada de Somos Pueblo, el pasado 5 de febrero, durante un informe oral ante la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, los secretarios de la Gobernación, Celso Anaya y Hugo Aduviri, admitieron que la planta está en proceso de cierre desde 2023, pero sin respaldo técnico ni justificación legal.
«A la población paceña se le debe decir la verdad: la Planta Procesadora de Trucha no está en proceso de cierre, en los hechos ya está cerrada», afirmó Alanoca. «Las maquinarias están oxidadas y abandonadas en un galpón», responsabilizando de este desastre al gobernador Santos Quispe.
Despilfarro millonario y producción mínima
Desde su reactivación en 2020, se invirtieron cinco millones de bolivianos, pero los documentos revelan que la planta solo logró producir 960 latas de trucha, lo que equivale a un costo de 5.208 bolivianos por lata.
Las inspecciones realizadas en junio de 2024 y enero de este año evidenciaron que el predio está abandonado, con tanques de cría secos, maquinaria deteriorada y redes inservibles flotando en el lago. Incluso una costosa máquina fue robada, agravando la crisis de la planta.
Contradicciones y posibles delitos
Durante su comparecencia, los secretarios Anaya y Aduviri incurrieron en contradicciones respecto a los documentos enviados previamente. A pesar de admitir los errores, intentaron deslindar responsabilidades atribuyéndolos a funcionarios de menor rango. «Presumimos que existe materia para procesos administrativos y penales por un posible daño económico millonario al Estado», advirtió Alanoca.
Además, Anaya señaló que la planta «no es una planta, sino un galpón», y que no se cuenta con derecho propietario del terreno, ya que presuntamente pertenece a una entidad binacional. También admitió que el proyecto estaba mal diseñado desde el inicio, lo que genera dudas sobre la legalidad de las inversiones realizadas.
La planta fue inaugurada originalmente en 2008 mediante un acuerdo entre la Gobernación paceña, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, la Alcaldía de Copacabana y una cooperativa de comunarios. Desde entonces, fue «relanzada» al menos tres veces: en 2018 y 2020 bajo el exgobernador Félix Patzi, y en 2022 por Santos Quispe, siempre con anuncios de grandes inversiones y supuestas expectativas de mercado internacional.
A pesar de ello, hoy la planta se encuentra en ruinas, sin producción ni justificación para su cierre. La Asamblea Departamental deberá definir si se abre una investigación formal o si, una vez más, el caso queda en la impunidad.