Subcomité ONU: tortura y tratos crueles por policías y delegados son frecuentes en cárceles

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El Subcomité para la prevención de la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió en su informe sobre Bolivia que la tortura y los malos tratos son prácticas frecuentes en las cárceles aplicadas por policías, personal penitenciario y delegados de los penales.

«Diversas personas entrevistadas por el Subcomité coincidieron en manifestar que las prácticas de tortura y malos tratos eran utilizadas con frecuencia por la policía, el servicio penitenciario y los ‘autogobiernos’ (delegados) como métodos de investigación, extorsión, castigo y sanciones disciplinarias», se lee en el informe del organismo internacional, difundido en julio de 2018.

Las llamadas sanciones disciplinarias llegan incluso a cegar la vida a los internos como el ocurrido con Omar Chuma Quispe (25), quien falleció tras cumplir un castigo en el pozo de agua. Las versiones sobre su muerte son distintas: la policía dice que ingresó voluntariamente y al salir se desvaneció; la versión de algunos internos es que un policía lo empujó al pozo y como sufría de epilepsia convulsionó dentro del agua, apenas pudo salir se desvaneció y murió. Lo concreto es que no hay investigación.

Los casos de extorsión registrados son múltiples y de conocimiento de las autoridades penitenciarias, que incluso validan el cobro de las celdas, según denuncias de los internos. «Tiene que pagar, el Estado no los va a mantener», dijo una autoridad penitenciaria del área jurídica, según denunció un recluso a ANF.

El Subcomité señala que durante la visita al Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en Sucre, observó el «uso excesivo y prolongado de contención química, física y mecánica (por ejemplo, pacientes inmovilizados, amarrados con correas a sillas)».

En el penal de máxima seguridad de Chonchocoro varios internos denunciaron ser sacados de sus celdas por la noche -tanto por personal penitenciario como por delegados y autoridades del autogobierno-, «golpeados, en ocasiones apuñalados, atados a alambrados y obligados a pasar la noche a la intemperie».

Según los testimonios colectados por el Subcomité, estas prácticas de castigo y «bautismo» o «bienvenida» a los recién llegados al penal, también incluían insultos, uso desproporcionado de la fuerza, golpizas «ejemplarizantes», golpes con palos en la espalda y la entrepierna, asfixia con bolsa plástica, uso de gas irritante, orden de desnudarse y realizar flexiones, extremo ejercicio físico e inmersión en agua fría.

En el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Cenvicruz (Santa Cruz), según alegaciones, el personal de seguridad a cargo de la disciplina del Centro «sacaba a los internos de sus dormitorios durante la noche, los golpeaba, los ataba a los postes de madera en el patio, donde debían permanecer con la cabeza inclinada, en cuclillas, privados del sueño, en ocasiones por más de 24 horas».

En Cometa (Cochabamba), varios entrevistados denunciaron el uso excesivo de la fuerza, descargas eléctricas, uso de gas irritante, privación del sueño y golpizas públicas en la cancha de fútbol del centro.

Asimismo, al organismo internacional le preocupan las condiciones materiales inhumanas de las celdas de castigo dentro de los centros penitenciarios visitados, llamadas «loreras», «botes» o «calabozos».

Por ejemplo, en el penal para varones de Mocoví, según el informe del Subcomité, una celda de castigo alojaba a 15 internos, inmovilizados por la falta de espacio, semidesnudos, sin recibir comida, mostrando marcas visibles de golpizas y azotes en la espalda y entrepiernas. «Algunos de ellos alegaron llevar más de tres semanas viviendo en la celda en condiciones de insalubridad, durmiendo en el suelo sobre mantas sucias y sin baño», señala el informe.

También observó condiciones inhumanas similares en las «loreras» de Chonchocoro. El Subcomité concluye que las condiciones materiales inhumanas de detención en estas celdas (hacinamiento, falta de comida, falta total de higiene), sumadas a la falta de salvaguardas (asistencia médica, acceso a la justicia) y a la duración prolongada de la detención en estas condiciones «constituyen malos tratos, y en ocasiones podrían considerarse tortura».

Ante esta situación, el subcomité recomienda al Estado boliviano al ser parte de la ONU:

Instruya al personal policial y penitenciario, de manera categórica y periódica, sobre la prohibición absoluta e imperativa de tortura y malos tratos y que dicha prohibición se incluya en las normas o instrucciones generales que se publiquen en relación con los deberes y funciones del personal policial y penitenciario,

Adopte una política penitenciaria clara e integral para asegurar que el sistema disciplinario dentro de los centros sea ejercido sin excepción por el personal penitenciario (de acuerdo con la Ley núm. 2298 de Ejecución Penal y Supervisión), y no por los delegados u otras autoridades del autogobierno,

Reprima el uso de prácticas de contención química, mecánica o física en instituciones psiquiátricas de acuerdo con el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

Realice de manera urgente una auditoría a nivel nacional sobre las condiciones materiales de las celdas de castigo que efectivamente albergan detenidos y establezca un plan de acción para limpiarlas, renovarlas o clausurarlas cuando las condiciones mínimas de las mismas no se ajusten a las normas internacionales.