Colegio de Abogados: Corrupción e intromisión política carcomen la justicia en Santa Cruz

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El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Julio Egüez Justiniano, afirmó que la corrupción generalizada y la intromisión política del gobierno carcomen los cimientos de la justicia en Santa Cruz. Egüez también observó la casi nula fiscalización del Consejo de la Magistratura para mejorar la justicia.

«Nosotros pensamos que la justicia en Santa Cruz evidentemente está muy carcomida por varios agentes: uno, la corrupción que se ha incrustado en el poder judicial; dos, la intromisión directa del Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Gobierno y su Ministerio de Justicia», manifestó el jurista a ANF.

Egüez indicó que preocupa al Colegio de Abogados de Santa Cruz que el ministro de Justicia, Héctor Arce, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, faculten abogados para que vayan y formen parte en procesos de personas particulares donde el Estado no es víctima.

Dijo que esta situación evidentemente constituye un «avasallamiento y una intromisión directa» sobre la administración de justicia, porque «cuando ve un juez o un fiscal a un agente del Ministerio de Gobierno o del Ministerio de Justicia, obviamente eso cohíbe y menoscaba la independencia y la imparcialidad con la que tiene que actuar cualquier juez o cualquier abogado».

Indicó que por este hecho solicitó una petición de informe para que estos ministros expliquen ante la Asamblea Legislativa Plurinacional cuál es el interés del gobierno de intervenir en causas de particulares en el Órgano Judicial.

Otro aspecto a lamentar, subrayó el abogado, es que el Consejo de la Magistratura «no está cumpliendo con la fiscalización en la administración de justicia con los jueces» y elige funcionarios por favor político.

«Al parecer no se designan a los mejores jueces, sino se designan nomás a aquellos que gozan de la vindicta y de la aprobación de gente que está circunstancialmente cumpliendo algunos cargos del gobierno, y eso le está trayendo mucho daño a la justicia en Santa Cruz», apuntó.

En las últimas semanas se conocieron varias denuncias contra jueces y vocales en la capital cruceña, algunos que pese a tener más de 30 denuncias siguen inamovibles en sus cargos. Una de éstas autoridades es el vocal Sigfrido Soleto que acumula al menos 19 procesos desde 2004 que tienen que ver con estafa, desobediencia judicial, prevaricato, procesos disciplinarios hasta obstrucción de la justicia.

Para Egüez esta situación ocurre principalmente por la falta de control, y donde todos los que son designados «pareciera que vienen blindados».

«Tienen una especie de blindaje y frente a cualquier denuncia o acusación ninguna prospera, es así como el blindaje que tiene el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, con 36 juicios, pero no está preso, sin embargo, una señora que mata a un perro está presa y es de la tercera edad, esas contradicciones dejan ver las falencias y la situación en que se encuentra nuestra delicada justicia», apuntó.

Finalmente dijo que otro elemento es el sometimiento del Ministerio Público a autoridades del gobierno, situación que se ha traducido en «atropellos y allanamientos ilegales de bufetes de abogados, aprehensión de jueces, que dejan entrever la falta de respeto y consideración que se deben guardar a estas autoridades, olvidando que los abogados son una parte primordial del engranaje de la administración de Justicia».

Para Egüez, la justicia en Santa Cruz, y en todo el país, es un problema no resuelto por el actual gobierno, y permanece por la falta de voluntad política del gobierno que mantiene el sistema porque al parecer lo beneficia.

«Yo creo que para que haya cambios tendríamos que buscar una varita mágica porque quienes deberían trabajar en una reforma judicial no lo hacen, y pareciera que ellos están muy cómodamente con este sistema así, entonces, no sé si el sistema es muy conveniente para el actual gobierno y por esa razón no se preocupan», refirió.

«Creo que no hay una voluntad política de querer cambiar la justicia en Bolivia porque seguramente es conveniente para algunos y no para el pueblo en su totalidad», subrayó el jurista.