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Yassir y Milena, de protestas en las calles a juicios por destrozos

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Yassir Molina y Milena Soto, líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), fueron conocidos públicamente en las protestas sociales contra el entonces mandatario Evo Morales y las elecciones irregulares del 20 de octubre de 2019. A causa de eso, enfrentan ahora al menos dos procesos penales por hechos de violencia registrados ese año y por destrozos a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2020.

Antes de octubre de 2019, Yassir y Milena estudiaron derecho, cada uno en distintos momentos, y tenían actividades laborales que desarrollaban en la ciudad de Cochabamba, fuera de la palestra política y pública.

“Yassir antes trabajaba de guardia, hemos hecho graderías en Oruro con mi persona. Yo soy su mamá de cariño, él me menciona en varias partes de su vida. Él ha estudiado derecho”, contó Daniela Hidalgo a Página Siete.

Molina concluyó sus estudios este año en una universidad privada y tenía planes de incursionar en el ejercicio profesional, antes de que fuese procesado por los destrozos a predios de la Fiscalía General del Estado y detenido preventivamente en el penal de San Roque de Sucre, en marzo del presente año.

“Milena Soto también estudió derecho, anteriormente ha tenido una tienda. Es madre y padre a la vez, es una persona que ha luchado para sacar a su hijo adelante”, relató Hidalgo, quien acompañó en varios momentos a Soto hasta el día en que fue aprehendida, el 3 de agosto, cuando ambas estaban juntas en la calle y tenían pensado ir a almorzar.

Antes de la resistencia, ninguno de ellos tenía pensado incursionar en política, tampoco ocuparon cargos jerárquicos o estuvieron en funciones públicas en alcaldías; al contrario, llevaban adelante su vida privada con actividades cotidianas, aseguró.

A la conclusión de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, mucha gente salió a las calles a protestar y denunciar actos irregulares en los comicios, que dieron la victoria a Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS). A partir de ahí se inició una protesta de 21 días, a la que se sumaron diferentes agrupaciones ciudadanas en el país. Tras reportarse irregularidades, las elecciones se anularon y Evo Morales renunció a la Presidencia el 10 de noviembre.

Hidalgo mencionó que Yassir y Milena eran uno más de toda esa gente que salió a las calles, con sus banderas, a protestar contra las elecciones irregulares y a defender la democracia en el país.

La RJC se formó con un grupo de jóvenes voluntarios, a la que se sumaron adultos, durante esas protestas por el caso fraude electoral. Rápidamente otras resistencias se fueron conformando en otras regiones del país con la misma consigna, relató Soto a Página Siete, antes de su detención.

“Todos con una sola ideología: gritar contra el fraude electoral, el que vivíamos en aquel entonces. La resistencia nace justamente en ese momento”, manifestó.

Hidalgo remarcó que no hubo financiamiento o padrinos para que esas personas salieran a las calles. Simplemente un grupo de personas se reunieron para defender a Cochabamba y ser un escudo ante los hechos de violencia que venían cometiendo en diferentes regiones los seguidores de Evo Morales.

Tras esos acontecimientos, Molina prosiguió con sus estudios y Soto pasó a trabajar en la unidad de Migración en Cochabamba, durante el gobierno de Jeanine Añez. La RJC, junto con otros grupos, tuvo algunas apariciones más; una de ellas, las protestas en predios del Ministerio Público en Sucre, en octubre de 2020, en la que exigían la renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Por ese hecho, la Fiscalía abrió un proceso de oficio contra los movilizados por ocasionar destrozos a predios públicos. Molina fue imputado por los delitos de organización criminal, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros delitos, y encarcelado en el penal de San Roque. En julio, también Mario Antonio Bascopé, otro miembro de la RJC, fue procesado y detenido en esa misma cárcel.

Soto fue aprehendida en Cochabamba, el pasado martes, y trasladada a Sucre, donde fue cautelada y la justicia dispuso que cumpla la detención domiciliaria, pese a que ella presentó pruebas indicando que estaba trabajando en Cochabamba durante los días de protesta en la Fiscalía.

“En Cochabamba (cumpliré la detención domiciliaria) con mi hijo, que es lo que más quería, estar al lado de mi hijo”, refirió Soto, entre lágrimas.

Milena Soto cumplirá la medida sin escolta policial, con visitas sorpresivas, presentación en el Ministerio Público cada 15 días. No puede comunicarse con ninguna persona que tenga que ver con la RJC u otros involucrados en el caso, informó Milton Palma, abogado de la imputada.

La líder de la RJC salió de Sucre el viernes y ese mismo día arribó a su domicilio en Cochabamba, para reencontrarse con su hijo. Mencionó que cumplirá con todas las medidas dispuestas por el juez.

En cambio, Molina debe cumplir dos meses más de la sanción preventiva que le impuso la autoridad judicial; además, debe enfrentar otros procesos por portación ilícita de armas, el tapeado de la Alcaldía de Cochabamba, el tema de la basura y el caso audios, informó Hidalgo.

Los miembros de la Resistencia expresaron su predisposición de someterse ante la justicia para asumir defensa por las acusaciones en su contra, siempre y cuando sea en el marco del debido proceso, pero rechazaron la persecución iniciada por el Ministerio de Gobierno, incurriendo en una serie de atropellos.

Según el Gobierno, la RJC es un grupo “paramilitar”, una organización criminal involucrada en los hechos de violencia de 2019. El mismo viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, se declaró víctima de ese grupo, quienes, dijo, no merecen la presunción de la inocencia.

“Los miembros de la RJC están siendo perseguidos políticamente, son el objetivo de Nelson Cox. Ha demostrado ser una persona que no tiene la objetividad y capacidad para ser autoridad nacional”, refirió Lizeth Beramendi, exasambleísta departamental de Cochabamba y miembro del Conade.

Dijo que en 2019 los grupos del MAS estuvieron involucrados en graves hechos de violencia, quemas de unidades policiales, destrozos y saqueos a bienes privados. “Nunca han sido investigados, y la gente que ha sido entregada a la Policía, a la Fiscalía (…) las han liberado”.

“Cuando hablamos de justicia tiene que haber justicia para todos”, finalizó.

Procesos y protestas

Fiscalía El Ministerio Público investiga a Yassir Molina, Milena Soto, Mario Antonio y Fabio Bascopé, por los delitos de organización criminal, fabricación ilícita, tenencia o porte de artefactos explosivos, destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, ilícitos que habrían sido cometidos durante las protestas de octubre de 2020 en puertas de la Fiscalía General del Estado.
Protestas Plataformas ciudadanas realizaron protestas en Cochabamba, el pasado jueves, en contra del cierre del caso fraude electoral y exigieron la liberación de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que permanecen detenidos en Sucre.

Pagina Siete

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