Identifican corrupción en Derechos Reales de Santa Cruz que eran de conocimiento del Consejo de la Magistratura
Los ministros de Justicia, Héctor Arce y de Gobierno, Carlos Romero, denunciaron el lunes que luego de una minuciosa revisión se pudo establecer que existen al menos ocho casos de corrupción en la oficina de Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz, hechos que eran de conocimiento del Consejo de la Magistratura.
«En un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno hemos venido llevando adelante una serie de investigaciones en Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz y finalmente gracias a la revisión que pudimos tener acceso, hemos identificado diferentes irregularidades, gravísimas que han motivado que hoy se este operando de manera conjunta entre los Ministerio de Gobierno y Justicia además del Ministerio Público», explicó el Ministro de Justicia en una rueda de prensa.
Arce deploró que se presenten ese tipo de irregulares que afectan a la seguridad jurídica de esa institución, entre ellas, anotaciones preventivas que desaparecieron, partidas que fueron bloqueadas para que no sean anotadas preventivamente, hipotecas que desaparecieron, movimientos que reiteró eran de conocimiento del Consejo de la Magistratura, que no tomó cartas en el asunto.
El Ministro de Justicia explicó que se presentaron al Ministerio Público siete denuncias penales que deben ser investigadas y precisó que existen ocho personas involucradas, cinco en Santa Cruz y 3 en el municipio de Warnes.
«Se esta procediendo a la aprehensión en este momento con casos gravísimos, como, por ejemplo, había un banco que había ganado un proceso y tenía una orden para hipotecar un bien e indebidamente Derechos Reales bloqueo esa posibilidad de que pueda inscribirse hasta que el bien sea transferido a una tercera persona, esta situación fue investigada y lamentablemente las autoridades sumariantes del Consejo de la Magistratura no actuaron como se debe», detalló.
Arce dijo que hay otros casos más graves, en los que se evidenciaron que se levantaron gravámenes de propiedades de 80.000 y 220.000 dólares que fueron registrados sin que exista una prueba documental u orden judicial.
«Existen varios casos de daño económico al Estado, que se daban en función a afectaciones al patrimonio de Derechos Reales», añadió.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que las investigaciones continuarán hasta dar con todos los responsables de esos hechos irregulares y confirmó que la policía realiza allanamientos para detener a los posibles culpables.
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