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Ocho historias reflejan el uso abusivo de la prisión preventiva

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El Órgano Judicial y el Ministerio Público son, en la actualidad, las instancias más cuestionadas en el país por no brindar las garantías para el resguardo de los derechos, la objetividad en las investigaciones, la independencia judicial y el respeto al debido proceso en muchas causas penales. Como consecuencia de eso, al menos ocho personas pasarán a la historia por haber cargado en sus vidas con el uso abusivo de la detención preventiva, impuesta por distintos jueces y a pedido de fiscales, en las dos últimas décadas. Cinco a siete años de prisión preventiva enfrentaron varios de los procesados, algunos todavía continúan detenidos en distintas cárceles del país, según expedientes y testimonios recabados por Página Siete.

Según las normas bolivianas, una causa penal debe investigarse en un plazo de seis meses, para luego presentar un requerimiento conclusivo, ya sea de acusación o sobreseimiento; en casos complejos con múltiples detenidos, la investigación puede ampliarse hasta 18 meses. Y en un plazo de tres años, debe emitirse una sentencia, ya sea condenatoria o de absolución.

Sin embargo, según especialistas en derecho, esa figura no suele cumplirse cabalmente en casos de relevancia que tienen alguna vinculación con el poder político; y es que, en esos procesos, los plazos procesales se vulneran en exceso con juicios que llevan más de cinco años, sin una sentencia, y las detenciones preventivas se aplican por más de seis meses, para dar una “muerte civil” al sindicado, presumiendo su culpabilidad y haciéndole pagar una “condena anticipada” si demostrarse su culpabilidad.

El caso de Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, refleja esa carga de múltiples procesos sobre una persona por un mismo hecho y contra él se activaron varias detenciones preventivas. Aramayo envió varias cartas a los tres gobiernos de turno , incluido el de Luis Arce, pidiendo un debido proceso, pero no fue escuchado.

El exdirector anotó 259 causas en su contra y continúa recorriendo de juzgado en juzgado para defenderse, durmiendo en distintas cárceles del país. Precisamente en una de sus audiencias en esta semana logró dar breves declaraciones a Página Siete.

“Quiero decirle al ministro (Iván Lima) que restituya mis derechos humanos y constitucionales para que yo me pueda defender con la dignidad de ser humano, que merece cualquier ciudadano de este país”, señaló.

Pidió respeto a sus derechos y frenar la persecución en su contra con una detención preventiva de casi siete años, sin permitirle asumir defensa en libertad.

“Sigue con la misma cantidad de casos, la única sentencia ejecutoriada que tiene es de Tarija. En Cobija, Pando, tuvo una sentencia absolutoria por un proyecto y dentro de otro proyecto también en Cobija le dieron absolutoria en dos casos, y condenado por incumplimiento de deberes; en Santa Cruz tenemos dos casos en movimiento; en Challapata uno y en Oruro otro; y los demás en medidas cautelares”, informó a Página Siete Héctor Castellón, abogado de Aramayo.

El abogado Eusebio Vera lamentó los atropellos excesivos cometidos en contra de Aramayo. El jurista Vera hizo seguimiento al caso de Juan Bascopé y del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez. En ambos considera que hubo un abuso del uso de la detención preventiva.

Recordó que la detención preventiva es de aplicación excepcional, no de regla, pero en Bolivia la justicia y la Fiscalía aplican de manera arbitraria esta medida, incumpliendo la disposición de la Ley 1173 y sus modificaciones.

“Parecería que la detención preventiva aquí en Bolivia sería una regla y no una excepción. Se incumplen los estándares internacionales, se incumplen la normativa específica, en este caso el Código de Procedimiento Penal, las modificaciones introducidas por la Ley 1173 y la Ley 296”, apuntó.

Dijo que Bascopé está detenido ocho años, lo torturaron durante su encierro y está delicado de salud. Señaló que este caso ingresará en la historia más negra del país, por los atropellos cometidos contra un ciudadano boliviano.

El jurista agregó que en el caso de Franclin Gutiérrez también se hizo un uso abusivo de la detención preventiva durante un año, tres meses y 14 días, acusado sin ningún indicio por la muerte del teniente Daynor Sandoval durante una supuesta emboscada en La Asunta. Recordó que de manera irregular se mantuvo preso al dirigente cocalero, y en ese tiempo murió su pequeño hijo de dos años de edad.

El abogado Andrés Zúñiga coincidió en que la detención preventiva siempre debe darse en excepción, porque libertad es la regla, y eso está enmarcado en el sistema procesal penal boliviano. Zúñiga asumió defensa de Francisco Cortés y recordó que a su cliente, en un contexto de intereses políticos, le prolongaron de manera abusiva la detención preventiva por un lapso de unos cinco años.

“Otro caso arbitrario es de Carlos Hur, del caso barcazas chinas. La detención preventiva en él se ha exagerado sobre los plazos y él ha durado siete años aproximadamente en detención preventiva, sin que a la fecha haya una sentencia condenatoria”, señaló el abogado, haciendo alusión a un segundo caso en el que también hubo atropellos en instancias judiciales.

Por su lado, el abogado Karlo Brito dijo que, si bien la Ley 1173 recomienda no usar de manera abusiva la detención preventiva, eso no se cumple en la actualidad.

Recordó que antes de que se promulgue esa norma, a Leopoldo Fernández lo detuvieron 10 años, una parte en la cárcel y luego con arresto domiciliario, sin darle oportunidad de que asuma defensa en libertad.

En la actualidad se hace lo mismo con Marcel Rivas, exdirector de Migración, a quien le abrieron dos procesos y tiene dos detenciones preventivas, y debe estar recluido hasta octubre de este año; vale decir, nueve meses estará recluido, sin que se atienda su petición de asumir defensa en libertad.

“Son juicios políticos donde lamentablemente la gente está presa sin tener ninguna responsabilidad. Lamentablemente estamos en un sistema donde la justicia está cooptada por el poder político”, manifestó el jurista.

Marco Aramayo, casi 7 años preso
Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, está detenido en el penal de San Pedro desde abril de 2015. A la fecha, anotó 259 casos en su contra, algunos en juicio, otros aún en investigación por un mismo hecho: el caso Fondo Indígena. Aramayo iba enmanillado de juzgado en juzgado para oír que le sumaban más detenciones, estuvo preso en diferentes cárceles. Esa situación no ha cambiado. En un momento de su vida, él contabilizó los casos y sumó que lo condenarían a más de 66 años de prisión. “Fiel a la patria y obediente a las leyes”, sigue con su defensa para demostrar que no robó ni un peso.

Juan Bascopé, 8 años de reclusión

El apicultor Juan Bascopé está detenido desde 2013, más de seis años con prisión preventiva y el resto con sentencia no ejecutoriada. Lo acusaron sin que se haya podido establecer su responsabilidad en las muertes de cuatro funcionarios de la Fuerza de Tarea Conjunta en la región de Apolo. Sufrió torturas y otros atropellos durante su encierro, situación que deterioró su salud y no recibió atención oportuna. Recién en agosto de este año, un médico sugirió que se le otorgue atención urgente. “Lo que hicieron con Bascopé ingresará en la historia más negra de la administración de Bolivia”, señaló Eusebio Vera.

Francisco Cortés, 5 años de prisión

El colombiano Francisco Pacho Cortés fue acusado por terrorismo y alzamiento armado en 2003, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Le sindicaron de haber ingresado a Bolivia con la intención de formar un grupo armado y para cuyo efecto tomó contacto con miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), oposición en ese momento. El abogado Andrés Zúñiga dijo que Cortés estuvo cinco años con detención preventiva, sin sentencia, y hace unos cuatro años se dispuso la extinción y archivo del caso. Tras salir de la cárcel, Pacho Cortés murió en septiembre de 2014.

Carlos Hur, más de 6 años detenido

Carlos Hur, abogado y asesor de la empresa General Marine Bussines Inc. (GMB), estuvo privado de libertad de 2014 a 2020, acusado por diferentes delitos dentro del caso barcazas chinas. En su momento, el abogado aseguró que no tuvo ningún trato con el Estado ni recibió dinero alguno, y si hubiese cometido algún error, debía ser procesado por la empresa que lo contrató y no por el Estado. Considera que le están haciendo pagar una pena anticipada, sin respeto de la presunción de inocencia. Hur está con arresto domiciliario y el juicio por este caso tampoco avanza.

Elvira Parra, presa más de 6 años

Elvira Parra, primera directora ejecutiva del Fondo Indígena, que desde marzo de 2015 está recluida preventivamente, sin que se resuelva a la fecha los diferentes procesos que le siguen por las irregularidades en el Fondo Indígena.

En aquel momento, Parra lamentó que con la detención la hayan forzado a abandonar a sus hijos, además cuestionó a los jueces y fiscales por no valorar las pruebas de descargo que interpuso.

La exdirectora continúa enfrentando los procesos en su contra por las irregularidades detectadas en el Fondo Indígena.

Leopoldo Fernández

Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando, fue sentenciado en 2017 a 15 años de prisión por el caso de la masacre de Porvenir, registrado en 2008. El exprefecto estuvo detenido preventivamente cuatro años y medio, mientras se llevaban las investigaciones, y desde 2013 estuvo con arresto domiciliario más de cuatro años. En 2019, un tribunal dispuso la libertad de Fernández.

“Es un abuso de la detención preventiva. Después de ese abuso, se promulgó la Ley 1173 que igual ahora no la cumplen, igual detienen gente sin argumentos”, dijo el abogado Karlo Brito.

Detenidos por el caso terrorismo

Tras más de 11 años del denominado caso terrorismo, registrado el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, las personas que fueron procesadas en el gobierno de Evo Morales y estuvieron con detención preventiva más de seis años fueron absueltas por el Tribunal de Sentencia Primero en 2020, durante el mandato de Jeanine Añez.

Algunos como Zvonko Matkovic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza fueron apresados más de seis años. Para el abogado Gary Prado, este proceso era para desarticular a los opositores al gobierno de Evo Morales.

Franclin Gutiérrez, 15 meses detenido

Franclin Gutiérrez, exdirigente de Adepcoca, estuvo con detención preventiva en la cárcel de San Pedro desde agosto de 2018 a noviembre de 2019. Se le acusó como el autor intelectual de la supuesta emboscada a policías que realizaban un operativo de erradicación en La Asunta, donde murió un efectivo policial y otros resultaron heridos.

Fue procesado en el gobierno de Evo Morales y liberado en la gestión de Jeanine Añez.

Se le atribuyó un supuesto viaje a Colombia, motivo por el cual no lo liberaban; pero Migración reveló que el flujo migratorio del dirigente fue manipulado.

“La historia de Juan Bascopé es una de las historias más atroces que ha cometido el Estado con un ciudadano boliviano”.

Abogado Eusebio Vera

7 años Marco Aramayo

“Son 7 años de detención, de persecución. Mi vida ya no tiene tranquilidad”.

“La detención preventiva siempre por excelencia será una excepción, porque la libertad es la regla. Eso dice el sistema procesal”.

Abogado Andrés Zúñiga

Pagina Siete.

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