Defensora del Pueblo expone obstáculos que impiden el acceso a la justicia a casos de feminicidio

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó el jueves a la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investiga la retardación en casos de feminicidio sobre los obstáculos que identificó esa institución que dificultan el acceso a la justicia en casos relacionados con ese delito.

«Dichos obstáculos fueron identificados en la atención de casos a través del Sistema de Servicio al Pueblo, en la verificación que se hizo sobre el cumplimiento de medidas de atención y protección a mujeres en situación de violencia en el marco de la ley 348 y el seguimiento al cumplimiento de las determinaciones defensoriales emitidas al respecto», dijo, citada en un boletín de la Cámara de Senadores.

Detalló que entre las dificultades identificadas está el incumplimiento de obligaciones que afecta el derecho al debido proceso y acceso a la justicia, observado en 117 denuncias sobre vulneración de derechos en casos de feminicidio que la institución defensorial registró entre 2013 y 2019, mismas que están referidas a la suspensión de audiencias, inasistencia de fiscales y trabas por parte de la Policía en la presentación de denuncias.

Mencionó, que el incumplimiento del Órgano Judicial en la creación de juzgados de instrucción, de sentencia y tribunales de sentencia especializados contra la violencia hacia las mujeres, que establece la Ley 348, además de la falta de equipos multidisciplinarios en las áreas social y psicológicas que aún no han sido conformados.

«Según un informe del Consejo de la Magistratura, existe un estudio técnico para la creación de 41 juzgados de sentencia, en el área urbana y ciudades intermedias; sin embargo, éstos no sólo conocerán casos de violencia hacia la mujer, lo cual significa que persiste la omisión de crear juzgados para la atención exclusiva de estos casos», señaló.

Indicó que otra dificultad advertida es la existencia de procesos por feminicidio que se encuentran en etapa de juicio que datan de 2015, y otros que se encuentran en etapa preliminar y preparatoria desde el 2017, aspectos que evidencian una falta de control jurisdiccional.

Respecto a los obstáculos identificados durante el «Plan 175 Al Encuentro con el Pueblo», la Defensora se refirió a las falencias en la atención de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) en más de 100 municipios rurales, que denotan la falta de institucionalidad y estabilidad laboral que impide que realicen un trabajo continuo y especializado para la atención y protección de mujeres víctimas de violencia.

Red central-asc/ma ABI