Denuncian desvío de más de Bs 325 mil en pagos por títulos en la carrera de Comunicación Social de la UMSA

  • Exdirector reveló irregularidades en el Plan de Titulación; Fiscalía investiga a una exfuncionaria por malversación y peculado

Un presunto desfalco de Bs 325.500 en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ha generado revuelo tras la denuncia presentada por el exdirector de la carrera, Arturo Sarabia. El caso involucra a 48 egresados que pagaron Bs 14.000 cada uno —un total de Bs 672.000— para obtener su título de licenciatura mediante el Plan Excepcional de Titulación de Antiguos Estudiantes No Graduados (PETAENG).

Prensa Libre

En una carta dirigida al actual director, Bernardo Monasterios, Sarabia detalló que «docentes reclamaron por falta de pago de sus servicios, y varios postulantes reportaron retrasos en sus trámites pese haber cancelado los $us 2.000 requeridos». Según el documento, la primera cuota de $us 500 se depositaba en el Tesoro Universitario, mientras que las tres restantes se pagaban en efectivo en oficinas de la carrera.

«El desfalco supera los 100 mil dólares», afirmó Sarabia en la misiva, respaldada por sellos de recepción del Rectorado y Vicerrectorado. Ante esto, la Unidad de Transparencia de la UMSA confirmó el daño económico y presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Dagner Manuela Mercado del Castillo, exfuncionaria de la carrera, por malversación, peculado, conducta antieconómica y falsedad ideológica.

Franz Laura, jefe de la Unidad de Transparencia, aseguró que están «prestos para colaborar en las investigaciones y determinar la autoría del hecho, así como la posible participación de otras autoridades». La Fiscalía citó a Mercado del Castillo para este viernes 4 de abril a las 09:00, donde deberá prestar declaración informativa.

El PETAENG, según las normas de la UMSA, exige a los egresados la elaboración de una monografía bajo tutoría docente y el pago de Bs 14.000 para obtener el título. Sin embargo, el caso ha puesto en duda la transparencia del proceso y la fiscalización de los fondos universitarios.

Las autoridades universitarias prometieron profundizar las pesquisas para esclarecer responsabilidades y garantizar que los afectados puedan regularizar su situación académica.