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Periodistas retenidos por dos días en medio de conflicto agrario en Santa Cruz

  • Comunarios y avasalladores impiden salida de equipos de televisión en Caranda, evocando el secuestro de 2021 en Las Londras

En una nueva muestra de la tensión latente en las zonas rurales de Santa Cruz, dos equipos de televisión fueron retenidos durante dos días por comunarios y avasalladores en la comunidad de Caranda, en el municipio de Bella Vista. Este incidente se produjo durante una operación policial destinada a recuperar una propiedad privada, según informes de la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Los periodistas Joel Orellana y Miguel Ángel Rivero de la red Unitel, junto a Fabricio Escalante y Mauricio Sandóval de la Red Uno, se encontraban cubriendo la intervención policial cuando fueron retenidos el lunes 26 de agosto. La intervención se llevó a cabo en una casa que supuestamente funcionaba como oficina de los sindicados del avasallamiento de tierras agrícolas.

La comunidad de Caranda, ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra, fue escenario de un bloqueo organizado por los comunarios, quienes derribaron árboles sobre el camino y encendieron fuegos de pirotecnia para impedir la salida de los periodistas, policías y cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El bloqueo se extendió por todo el lunes y martes, obligando a los periodistas a pasar dos noches en sus vehículos, soportando bajas temperaturas de hasta 14 grados centígrados.

«Fuimos amedrentados para no grabar imágenes del momento en que impidieron salir a los funcionarios del INRA. Nos acusaban de dar mala información», relató Joel Orellana a la ANP.

La situación evocó el secuestro y tortura de seis periodistas en el predio agrícola Las Londras, en Guarayos, un incidente ocurrido en octubre de 2021 y que permanece en la impunidad. En esta ocasión, aunque los periodistas lograron refugiarse en el campamento policial, tuvieron que preparar su propia comida con insumos comprados en un comercio local.

Finalmente, en la madrugada del miércoles 28 de agosto, los equipos de prensa lograron abandonar la zona cuando la vigilancia en el camino disminuyó. Este incidente resalta la creciente inseguridad para los periodistas que cubren conflictos agrarios en Bolivia, y deja en evidencia la persistente tensión entre las autoridades y los comunarios en estas regiones.