TSE excluye del padrón a electores implicados en “acarreo de votantes”

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, informó ayer que se excluyó del padrón a los electores que se inscribieron en los dos equipos biométricos que fueron utilizados para el “acarreo de votantes” de Riberalta (Beni) hacia Pando. Esos aparatos están en poder del Ministerio Público.

“Los registros en estos dos equipos no están incorporados en el actual empadronamiento… Estos registros fraudulentos no están incluidos en el padrón electoral, porque están en etapa de investigación”, explicó Choque, quien ayer presentó su informe oral ante la Comisión de Constitución de Diputados.

La autoridad electoral fue convocada a solicitud de los diputados de oposición Wilson Santamaría y Rafael Quispe.

La exclusión de esos registros, en criterio de los opositores, atenta contra el derecho humano de elegir y ser elegido, estable la Constitución y el Pacto de San José. En esta convención se basó el Tribunal Constitucional para habilitar al presidente Evo Morales, pese al 21F.

“¿Cuántos votantes se habrá acarreado?, ¿cuántos estarán inscritos? Se está perjudicando, porque hablamos del derecho humano a elegir o ser elegido. Hay gente en Bolivia que tiene el derecho humano de postular perpetuamente, y también hay el derecho humano de votar, de elegir”, reclamó Quispe.

El legislador lamentó que el TSE, “como víctima”, no haya solicitado una inspección técnica ocular de los equipos biométricos, con el fin de determinar la cantidad de electores que se vieron involucrados en el caso “acarreo de votantes”.

El primer caso se registró el 15 de junio, cuando Gleizi Nakashima, notaria de Pando -asignada a registrar votantes en la localidad de Gonzalo Moreno (Pando)- fue sorprendida inscribiendo en Riberalta (Beni), fuera del espacio geográfico que le fue asignado.

El equipo de empadronamiento 7626, está en poder del Ministerio Público de Pando, para que proceda con las pesquisas, informó la vocal Choque.

El segundo caso data del 14 de julio, cuando se descubrió que Wálter Cortez Ayala, notario asignado a trabajar en la localidad Loma Velarde (Pando), estaba empadronando a electores en un domicilio particular de la ciudad de Riberalta (Beni).

El equipo de registro 8606 también está en poder del Ministerio Público, informó Choque.

El vicepresidente del TSE Antonio Costas espera que las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía concluyan pronto, para que se pueda “hacer el análisis de los registros contenidos en las computadoras”.

Hay la posibilidad de que los electores que se registraron en los dos equipos biométricos utilizados para el “acarreo de electores” -aún se desconoce la cantidad- queden habilitados para el 20 de octubre, si hasta antes del 11 de septiembre el Ministerio Público entrega los aparatos al TSE.

En esa fecha, el Servicio de Registro Cívico (Serecí), instancia encargada de la depuración de los electores, entregará al TSE el padrón electoral consolidado.

El TSE es la única entidad que puede ingresar al sistema biométrico para evidenciar cuántos se inscribieron. Costas explicó que la seguridad del sistema del empadronamiento está configurada con “llaves públicas”. Los informáticos del sistema central, que está en la ciudad de La Paz, tienen las claves para desencriptar los equipos.

“Por tanto, los datos que están en las dos computadoras. Sin la intervención del personal especializado, no van a poder ser abiertos, y (los casos) deberían ser resueltos cuanto antes, porque estamos perjudicando a ciudadanos, que se registraron cumpliendo la normativa vigente”, indicó el vocal Costas.

El diputado Santamaría considera que el TSE no está realizando las acciones para acelerar el proceso por el “acarreo de votantes”.

Las normas

Prohibición El artículo 238, inciso i, de la Ley de Régimen Electoral, señala que es delito promover, incitar o ejecutar el traslado masivo de personas con la finalidad de inscripción y/o sufragio en un lugar distinto al de su domicilio.
Delito La norma penal señala que el “acarreo” consiste en el traslado de varias personas y que quien impulse ese acto puede ser una autoridad política, administrativa, dirigente de organización política o cualquier persona.

Punto de vista
Franz Rafael Barrios Investigador jurídico

No se dio certeza sobre el número de registros anómalos

Ayer, en su comparecencia ante la Comisión de Constitución de Diputados para dar respuesta por la Petición de Informe sobre el caso “acarreo de votantes”, la presidenta del TSE, Choque, no pudo brindar certeza del número de electores riberalteños registrados irregularmente en el padrón electoral de Pando, y menos sobre la vulnerabilidad de sus registros digitales.

Ya al inicio del lento proceso investigativo por los delitos electorales emergentes, el TSE, el TED de Pando y el Serecí se “lavaron las manos” con una funcionaria que, dijeron, “fue contratada temporalmente”.

En todo caso, además de los presuntos ilícitos en los que incurrieron los “traficantes” de electores, con el aparente fin de obtener “más senadores” para el MAS en Pando, y las nebulosas respuestas de la presidenta del TSE al respecto del evidente acarreo, queda claro que el oficialismo pagará políticamente el costo del voraz incendio que consumió la Chiquitania y Amazonia boliviana a causa de su política de desmontes y quemas descontroladas.

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