La conflictividad social vuelve a escalar en Bolivia. A la movilización de los maestros urbanos, que cumplieron 48 horas de paro contra la descentralización educativa, y al reclamo del sector salud por el Bono de Riesgo, se sumó este martes la protesta de los cooperativistas mineros en Potosí, donde los afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) marcharon en rechazo al anteproyecto del nuevo Código Minero y exigieron la renuncia del ministro de Minería, Marco Antonio Calderón.
La movilización coincidió con la celebración de los 216 años de la Gesta Libertaria de 1810 en el departamento de Potosí. Los cooperativistas se impusieron ante las fuerzas de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) e ingresaron a la plaza de armas para expresar su rechazo a la norma, que consideran no tomó en cuenta a Potosí, principal productor de minerales del país.
"Renuncie, señor ministro, y, señor presidente, ponga a otro al cargo, porque este es el inicio de una lucha que va en defensa del sistema cooperativo y va en contra de un Código Minero que usted está imponiendo", declaró el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Oscar Chavarría, quien además denunció que no fueron invitados a la redacción del documento y calificó la cumbre minera como una "reunión de amiguitos".
Por su parte, el presidente de Fencomin, Richard Caricari, expresó su molestia por las restricciones impuestas por la UTOP durante una protesta que calificó de pacífica. Caricari pidió el lunes al presidente del Estado paralizar la socialización del Código Minero y convocar a los tres actores que reconoce la Constitución Política: las cooperativas, la minería asalariada y la minería privada.
El origen del conflicto se remonta a mediados de julio, cuando debía realizarse la Cumbre Minera Nacional para debatir la nueva norma. Horas antes de su inauguración, el ministro Calderón cambió la modalidad de trabajo y convocó a reuniones aisladas con sectores como la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), lo que generó el malestar de Fencomin, que no participó del proceso. A casi cuatro meses de ese episodio, Calderón inició la socialización del documento en Potosí, lo que provocó que los cooperativistas se declararan en estado de emergencia.
En paralelo, el sector salud mantiene sus medidas de presión. Este martes, desde Santa Cruz, Robert Hurtado, de la Federación de Trabajadores de Salud de Santa Cruz, informó que se decidió declarar un paro de 48 horas en todos los hospitales de ese departamento en demanda del pago del Bono de Riesgo, que debía hacerse efectivo en julio por el Ministerio de Salud. "Por eso es que los dirigentes de ciudad y provincia han decidido que esperemos hasta el próximo lunes, que nos reunamos para confirmar si no nos pagan hasta el lunes que viene", indicó a Bolivisión. Además, señaló que la vicegobernadora Paula Aguirre inició una acción popular para evitar nuevos paros y que se esperará la respuesta de la ministra Marcela Flores.
En Tarija, en tanto, el secretario ejecutivo del sector, Armando Jerez, ratificó el paro de 48 horas para el miércoles y jueves de esta semana, con el repliegue de los 14 sindicatos provinciales y sectoriales a la ciudad de Tarija. Jerez aseguró que la atención en emergencias está garantizada y que la medida solo afectará la consulta externa, y anunció que las comunicaciones respectivas fueron remitidas al Ministerio de Trabajo y a la Defensoría del Pueblo.
Entretanto, los maestros urbanos cumplieron 48 horas de paro contra la descentralización de la educación y la transferencia de los Institutos Técnicos y Tecnológicos (ITT) a las gobernaciones. La jornada estuvo marcada por la intervención de la UTOP en el Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo, donde 35 personas, entre estudiantes y maestros, fueron arrestadas y permanecen en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mientras los docentes realizan una vigilia exigiendo su pronta liberación. Los dirigentes advierten que la decisión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz podría derivar en que los padres de familia asuman el pago de servicios y mantenimiento de la infraestructura escolar ante las limitaciones presupuestarias de gobernaciones y municipios.
Las protestas se desarrollan pese a la vigencia del estado de excepción, que fue ampliado por la Asamblea Legislativa hasta diciembre de 2026, y después de los más de 50 días de bloqueo de carreteras que enfrentó la población boliviana.
