La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ordenó el cese de operaciones mineras en inmediaciones de la represa de Milluni, dentro del municipio de El Alto, luego de recibir una denuncia sobre labores de explotación en el sector. La intervención, que derivó en una inspección en el lugar, confirmó la existencia de actividad y derivó en la notificación para detener las tareas identificadas. El caso cobra relevancia porque sitúa la fiscalización minera en un entorno urbano y cercano a una fuente de agua.
Según la información oficial, la intervención no respondió a una inspección rutinaria. Un Actor Productivo Minero (APM) que cuenta con un derecho preconstituido denunció que otra empresa estaría realizando actividades de explotación en el área. Esa denuncia motivó el desplazamiento de funcionarios de la autoridad minera hasta Milluni para verificar directamente lo que ocurría en el terreno.
“Nos hemos constituido al lugar y hemos podido evidenciar que hay remociones de tierra, alguna maquinaria y también hemos visto dentro del agua cierto color peculiar”, informó Marcelo Cáceres, coordinador nacional de Minería Ilegal de la AJAM.
Tras comprobar la presencia de movimientos de tierra y maquinaria, la AJAM procedió a notificar el cese de las operaciones. La institución aún debe completar verificaciones técnicas y administrativas para establecer las características de las labores y definir las medidas posteriores conforme a la normativa minera vigente.
Un punto adicional surgió durante la inspección: los funcionarios observaron una coloración particular en el agua del sector. La AJAM anunció que este hallazgo será reportado a las instancias competentes para su evaluación y análisis. Por ahora no existen resultados que permitan determinar el origen de esa coloración ni establecer que exista contaminación provocada por la actividad minera.
Ese elemento será determinante para definir si el caso se limita a una controversia sobre derechos y operaciones mineras o si existen también consecuencias ambientales que requieran la intervención de otras instituciones.
El hecho también abre preguntas sobre la expansión y fiscalización de actividades mineras en el departamento de La Paz. En este caso, la intervención no ocurrió en una zona alejada de los principales centros urbanos, sino dentro del municipio de El Alto y en inmediaciones de Milluni, lo que acerca la problemática minera a la dinámica metropolitana.
La propia AJAM mantiene entre sus herramientas institucionales un mecanismo específico para recibir denuncias sobre minería ilegal y ha informado durante 2026 de intervenciones en diferentes puntos del país. Lo ocurrido en Milluni plantea ahora interrogantes sobre qué actividad se estaba realizando, quién la ejecutaba, bajo qué condiciones operaba y qué efectos pudo generar en el entorno.
La paralización de las operaciones no cierra el caso. La AJAM continuará con verificaciones técnicas y administrativas para establecer las características de la actividad encontrada y definir las medidas que correspondan. También queda pendiente el análisis del agua observada durante la inspección. Los resultados serán fundamentales para determinar la dimensión real del caso. Por ahora, existe un hecho confirmado: la AJAM encontró actividad minera denunciada, maquinaria y remoción de tierras en inmediaciones de Milluni y ordenó detener las operaciones mientras continúa la investigación.
