Senado aprueba proyecto de ley que recupera el 12% del IDH para fortalecer la lucha contra el coronavirus

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El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el jueves en la madrugada el proyecto de Ley de Recuperación del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para que los municipios, gobernaciones y universidades utilicen los recursos en la atención y contención del coronavirus, así como para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer las actividades productivas.

«Este proyecto de ley lo que hace es retener el 12% que está presupuestado para la explotación y exploración de hidrocarburos (…) para que los niveles autonómicos lo puedan destinar para el tema de salud y también coadyuvar en el tema de abastecimiento en esta cuarentena que está sufriendo la población», afirmó el senador Efraín Chambi.

Agregó que no se necesita la asignación de nuevos recursos pues se ha autorizado que los gobiernos subnacionales puedan utilizarlos para la salud pública y el abastecimiento de alimentos.

La norma señala la suspensión temporal del descuento del 12% establecido en la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera para que los beneficiados con esos recursos puedan enfrentar la pandemia del COVID-19, desarrollen acciones para garantizar la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades productivas.

La propuesta normativa dispone la suspensión temporal de ese descuento desde su promulgación hasta el levantamiento de la declaratoria de emergencia sanitaria.

Del total de los recursos, el 50% se destinará para la prevención, atención y contención del coronavirus, el equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas. En tanto, el 25% será para la provisión de alimentos a la población y el restante 25% para el fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena.

En el caso de las universidades, los recursos deberán ser utilizados en actividades de prevención, atención y contención del coronavirus: el equipamiento de hospitales universitarios y la compra de pruebas rápidas.

La norma fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.

Red central/AQZ/VCT/ ABI