La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de su Dirección Departamental de Potosí, realizó una inspección en inmediaciones de la comunidad de Calamarca donde se evidenció un crecimiento sostenido y descontrolado de actividades mineras ilegales en distintos puntos del sector.
Durante el recorrido, la comisión técnico-legal verificó en campo la existencia de una operación minera activa al interior de áreas identificadas como GRAN PODER NC y SEÑOR DE SAN BARTOLOMÉ A. Los funcionarios encontraron numerosas bocaminas en funcionamiento, cuadros verticales, retroexcavadoras, tractores, volquetas, compresoras, sistemas de extracción y campamentos instalados en la zona.
Uno de los aspectos más preocupantes es que estas labores se desarrollan a escasos metros de la carretera Potosí–Tarija, en áreas libres. Esto configura una explotación completamente ilegal y representa un riesgo potencial para la seguridad de la población.
La comisión también constató que parte de estas actividades se realiza al interior de áreas mineras con derechos en trámite o con autorizaciones específicas. Allí se estaría ejecutando una explotación intensiva que no se ajusta a la naturaleza de dichos derechos, lo que agrava el escenario de irregularidad.
La magnitud de la operación, sumada a la presencia masiva de personas vinculadas a estas labores, evidencia una ocupación organizada y sostenida en el tiempo. Este contexto se desarrolla en un entorno de alta conflictividad, lo que representa un riesgo permanente para cualquier acción de control en el área.
La intervención respondió a denuncias formales, así como a reportes difundidos en medios de comunicación y redes sociales, que advertían sobre el avance de la minería ilegal en la zona. Situación que fue corroborada mediante la verificación directa en territorio.
En ese entendido, AJAM informa que activará las acciones administrativas y legales correspondientes, en coordinación con las instancias competentes, para frenar estas actividades y restablecer el orden en el área. La entidad reiteró que continuará fortaleciendo las tareas de fiscalización en distintas regiones del país, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa minera, proteger los derechos legalmente constituidos y prevenir la explotación ilegal de recursos minerales.
