En el marco de la intervención institucional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), instruida por el presidente Rodrigo Paz, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, dio a conocer el balance de las tareas de regulación, supervisión, control y fiscalización cumplidas durante octubre en todo el país. Los operativos derivaron en el decomiso de 14.097 litros de gasolina y 659 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), además de la aprehensión de nueve personas y el secuestro de tres vehículos.
Entre las intervenciones de mayor volumen, la autoridad mencionó el decomiso de aproximadamente 13.000 litros de gasolina que se encontraban acopiados ilegalmente en un domicilio de Sucre, así como el operativo realizado en la Terminal Interdepartamental de El Alto, donde se retuvieron 223 garrafas de GLP.
En el plano digital, la ANH registró hasta el 18 de octubre un total de 10.781 placas de motorizados bloqueadas por cargas repetitivas vinculadas a consumos excesivos de carburantes. Según Blanco, estas medidas contribuyeron a mejorar la disponibilidad de combustibles líquidos en las estaciones de servicio y sostuvo que en la actualidad ya no se registran filas para cargar estos productos.
Respecto a la importación, el ministro informó que en octubre se emitieron 21 nuevas autorizaciones: cinco para consumo propio y 16 para comercialización. Con ellas, el total de permisos otorgados desde la agilización de estos trámites asciende a 57. En cuanto a los volúmenes, 22 nuevos operadores ingresaron 2,65 millones de litros de combustibles para consumo propio, mientras que 45 empresas autorizadas importaron 15,33 millones de litros para comercialización.
Finalmente, la ANH verificó que una cisterna de importación que transportaba diésel para una empresa privada contenía niveles de agua superiores a los permitidos por la normativa vigente. El Ente Regulador procedió al precintado del vehículo, instruyó medidas correctivas y exigió un análisis completo de calidad del producto almacenado antes de su distribución. El ministro advirtió que, si se confirma el incumplimiento de los parámetros de calidad, la empresa importadora podría recibir una sanción económica de hasta Bs 250.000, conforme al Decreto Supremo 5619.




