La Justicia determinó cuatro meses de detención preventiva en el recinto penitenciario de Uyuni, Potosí, para dos policías investigados por presuntamente facilitar teléfonos celulares al exfiscal general del Estado Roger Mariaca, quien habría realizado llamadas a personas del exterior desde la cárcel de Cantumarca.
Uno de los enviados a prisión es Josué G. M., quien se desempeñaba como asesor jurídico del penal y habría facilitado su teléfono celular a Mariaca, según un informe de Inteligencia. El segundo es Noé G. F., integrante del personal policial encargado de la custodia de la exautoridad del Ministerio Público.
La audiencia cautelar concluyó la madrugada de este domingo. En la misma sesión, el juez dispuso que otros tres policías, identificados como Darwin Oliver H. Ch., César Edwin S. Y. y César Fabián J. C., cumplan arresto domiciliario con custodia, además de otras medidas cautelares de carácter personal.
Sin embargo, el representante del Ministerio Público apeló la determinación judicial, por lo que se aguarda la definición de la hora para una nueva audiencia en la que se revisará la decisión.
El caso salió a la luz después de que informes de Inteligencia alertaran sobre la presunta tenencia de un teléfono celular por parte de Mariaca en el Centro de Readaptación Santo Domingo de Cantumarca.
El fiscal general del Estado en ejercicio, José Armando Urioste, confirmó que los policías son investigados por su presunta participación en las comunicaciones irregulares que el exfiscal habría mantenido con personas de distintas partes del país.
“Se ha podido evidenciar que efectivamente este privado de libertad estaba comunicándose con gente del exterior, realizando tráfico de influencias”, declaró Urioste, quien advirtió que estos contactos podrían haber favorecido al detenido y obstaculizado las investigaciones.
Según los antecedentes, el 22 de octubre de 2026, el director del recinto penitenciario recibió un informe de Inteligencia que alertaba sobre la posible presencia de un teléfono celular en poder de Mariaca. Tras las verificaciones correspondientes, las pesquisas apuntaron a funcionarios que presuntamente le facilitaban dispositivos para realizar llamadas.
La investigación busca establecer con quiénes se comunicaba el exfiscal, si existieron acuerdos ilícitos y qué responsabilidad corresponde a cada uno de los policías implicados. El proceso continúa en curso y la situación jurídica de los investigados está sujeta a las decisiones de las autoridades judiciales.




