La incineración de parte de las maderas bolivianas retenidas en puertos de Chile ya habría comenzado, mientras la defensa de 15 empresas afectadas pidió a la Fiscalía Regional de Arica suspender la destrucción de las cargas que todavía permanecen bajo investigación.
Según reportó el medio chileno Aquí Arica, el primer contenedor fue incinerado el 3 de septiembre como prueba y otros cinco cargamentos habrían sido destruidos el 11 de septiembre, de un total de 48 contenedores retenidos en el terminal marítimo de Arica.
La operación se realiza mientras las autoridades chilenas continúan con las inspecciones para determinar si los cargamentos corresponden a las maderas que fueron despachadas desde Bolivia y establecer los resultados de los análisis realizados sobre ellas.
Ante el inicio de las quemas, la defensa de 15 de las 21 empresas madereras bolivianas solicitó a la Fiscalía Regional que se suspenda cualquier medida destinada a destruir las mercancías. Los abogados argumentan que la eliminación de las cargas podría impedir nuevas diligencias y generar pérdidas económicas para los exportadores.
El caso se originó después de que 59 contenedores de madera boliviana fueran incautados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso por la presunta presencia de trazas de sustancias ilícitas.
Los empresarios sostienen que el caso presenta irregularidades y cuestionan los resultados de los análisis. Según la defensa, los informes del Instituto de Salud Pública (ISP) no habrían detectado una impregnación de droga en las maderas, sino únicamente “trazas” de sustancias.
La defensa también presentó informes de exagentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que cuestionan las acreditaciones del ISP para realizar análisis forenses de drogas. Uno de los expertos citados, Scott Richard Oulton, afirmó que el laboratorio no contaría con determinadas acreditaciones nacionales e internacionales específicas para este tipo de peritajes.
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota sostiene otra posición. El fiscal regional Mario Carrera Guerrero afirmó que el ISP es el organismo encargado de determinar la presencia de droga y que, una vez acreditada, la legislación chilena establece un plazo para proceder con su destrucción.
Carrera explicó además que la Fiscalía había solicitado ampliar el plazo legal para la destrucción de las cargas debido a la complejidad de las diligencias. La autoridad negó que su organismo esté interviniendo directamente en la incineración.
La defensa busca ahora evitar que las maderas sean destruidas antes de que concluyan las diligencias, debido a que considera que las cargas todavía podrían ser liberadas y que su eliminación ocasionaría pérdidas millonarias para las empresas.
El procedimiento también generó gestiones políticas entre ambos países. Después de la visita de senadores chilenos a La Paz, está prevista una posible visita de parlamentarios bolivianos a Arica para conocer directamente la situación de los contenedores y las actuaciones de las autoridades chilenas.
