Santa Cruz y Tarija: Gobierno usa YPFB para cubrir déficit

Luego de proponer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) transfieran 700 millones de bolivianos al Tesoro General de la Nación (TGN), las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija coincidieron al afirmar que el Gobierno les pide dinero porque arrastra varios años de déficit.

“Hemos visto que con la modificación del PGE 2019 se sigue con la centralización de los recursos para cubrir el déficit de seis años que tiene el TGN y ahora resulta que le quieren sacar plata a dos empresas estatales, eso quiere decir que la situación económica está muy complicada y son leyes que sólo quieren para cubrir la campaña electoral”, afirmó el asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada.

En su criterio, el tesoro debería disponer de los ingresos que generan las más de 370 instituciones públicas y no afectar a dos firmas estratégicas. Por ejemplo, los recursos que tiene la petrolera estatal deberían servir para la exploración de hidrocarburos e incrementar las reservas.

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, afirmó que con la medida se puede afectar a las empresas estratégicas, que no pasan por un buen momento.

Es el caso de ENDE, que en la actualidad –dijo– no tiene posibilidad de atender la demanda energética que hay en varios departamentos del país.

“Entonces, ¿cómo es que el Estado ahora pide instruir que ambas públicas transfieran 700 millones de bolivianos para el TGN y encarar obras, que son proyectos que deberían ser ejecutados por el Gobierno? Esto nos llama la atención, porque significa que el TGN está con iliquidez o que no tiene los suficientes recursos como para encarar los proyectos que necesita la población”, cuestionó el secretario tarijeño.

El requerimiento

Página Siete publicó el jueves que con el proyecto de ley PL 345-19 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE), el Gobierno pide que YPFB y ENDE transfieran entre las dos 700 millones de bolivianos al TGN, “para financiar proyectos de inversión y/o programas de interés social”, se lee en el artículo 9 del proyecto de ley.

La propuesta de norma fue enviada por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa Plurinacional y se prevé que sea tratada en la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados desde el miércoles de la próxima semana.

En lo que respecta al déficit fiscal, para este año el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia (BCB) fijaron como meta un 7,8%, una proyección que se sitúa por encima de la tasa de 6,98% que se había establecido en el Presupuesto General del Estado de 2019, elaborado durante la gestión pasada.

Las regiones apuntan a una nueva “confiscación de recursos”

La transferencia de los 350 millones de bolivianos que el Estado pide a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para destinarlos al Tesoro General de la Nación (TGN) es “otra confiscación”, calificó el asesor de la Gobernación cruceña, José Luis Parada.

“Primero se confiscaron más del 70% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las nueve gobernaciones, que en 10 años ya asciende a unos 3.500 millones de dólares para pagar políticas nacionales como la Renta Dignidad, que antes la cancelaban las empresas públicas o capitalizadas”, apuntó.

El representante del gobierno departamental de Santa Cruz mencionó que más tarde, con la idea de que iban a percibir mejores ingresos, el Gobierno “confiscó” el 12% del IDH a los municipios, universidades y gobernaciones, para crear un fondo de exploración, que suma más de 400 millones de dólares. Los recursos debían ser utilizados en proyectos camineros, escuelas y la generación de empleos.

Sobre el mismo tema, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, convocó a las autoridades nacionales a dar una explicación sobre la situación económica que atraviesa el país.

“La transferencia hará que ambas empresas (ENDE y YPFB) queden en mala situación. Preocupa saber a qué se debe esta decisión del Gobierno, les saca plata a los departamentos, les confisca el IDH, no liquida las regalías, no transparenta la información con respecto a los recursos y ahora, pues, le echa mano a las empresas estratégicas bolivianas”, observó Castrillo.

Con la Ley 767 de Promoción para Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, el 12% de los recursos del IDH de las regiones va a ese fondo.

Pagina Siete.

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