Registran 1.650 asentamientos ilegales hasta en áreas protegidas

El Comité Cívico Pro Santa Cruz, en su recorrido por las poblaciones de la Chiquitania que fueron afectadas por los incendios forestales, identificó de forma preliminar 1.600 asentamientos ilegales, incluso en áreas protegidas. La inspección es un mandato del Cabildo luego de los incendios forestales en la región.

“Están identificados 1.650 asentamientos ilegales en toda la Chiquitania, aunque ese dato es preliminar porque aún falta confirmar datos en algunos municipios”, informó a Página Siete el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho.

El representante cívico lamentó que incluso identificaron asentamientos en “áreas protegidas y en espacios donde antes había pastizales”.

De acuerdo con el informe del comité cívico, el registro puede aumentar pues aún faltan datos de municipios como El Carmen, Roboré y Puerto Suárez. Explicó que desde que se inició la actividad –el martes– ya se visitaron cinco municipios: Concepción, San Miguel, San Ignacio, San Rafael y San José.

Camacho resaltó que la comisión que realiza este seguimiento cumple el mandato del cabildo de Santa Cruz. En este encuentro, que se realizó el pasado viernes, se determinó la expulsión de los colonos asentados de forma ilegal en los municipios de la Chiquitania.

Destacó que en cada una de las visitas los alcaldes se comprometieron en acatar el mandato del cabildo. “(Por lo que) han levantado toda asistencia humanitaria a los colonos”, dijo.

Cada burgomaestre impulsa además leyes municipales para declarar una pausa ambiental y administrativa. “Es decir que no otorgarán más autorizaciones de asentamientos en esos municipios”, comentó.

Se inician desalojos

El presidente del Comité Pro Santa Cruz puntualizó que se están iniciando los desalojos en tres municipios: San José, San Miguel y San Ignacio.

Sin embargo, el ejecutivo de la Federación Regional de la Gran Chiquitania, Roberto Arias, negó esta situación.

“Sí. (Los del Comité Pro Santa Cruz) han ingresado a varios municipios en estos días, pero sólo para hablar con las autoridades, no han entrado a las comunidades”, dijo a Página Siete el dirigente de los colonos.

Aseguró que los cívicos no pueden desalojar a los colonos “porque no es su competencia” y reiteró que no tienen miedo. “Esto es competencia del Gobierno nacional”, recalcó.

Aseguró que los colonos han cumplido “con todos los pasos legales para acceder al pedazo de tierra que tienen”. Añadió que el municipio no podrá evitar que obtengan la tierra porque “están amparados por la Constitución Política del Estado”.

Arias calificó la medida de los cívicos cruceños como “política”, pues en los próximos días se realizarán las elecciones generales.

Página Siete informó que el comité había registrado hasta el martes 358 asentamientos ilegales en San Rafael, San Ignacio, San Miguel y Concepción.

Hace tres semanas, este medio publicó una nota que reveló que en la Chiquitania se asentaron cerca de 1.000 comunidades en los últimos 14 años. Algunas tienen menos de ocho meses de vigencia. Según una denuncia del representante de los agropecuarios, Carlos Saucedo, en marzo en San Miguel, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó 69 nuevos títulos a los colonos y autorizó el asentamiento de comunidades en territorios originarios.

Biólogos sugieren auditoría ambiental antes del plan posincendio

El presidente del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, Huáscar Bustillos, propuso ayer realizar una auditoría ambiental para levantar un diagnóstico técnico que permita saber cuáles fueron las consecuencias de los incendios en la Chiquitania. El especialista dijo que esta acción debe hacerse antes de aplicar cualquier plan de recuperación del ecosistema.

“El gobierno está equivocado. Cualquier tipo de iniciativa está equivocada mientras no se realice antes un diagnóstico que diga qué se ha dañado (…). Cualquier tipo de actividad que se realice antes de diagnóstico tiene otro tipo de tintes porque no justificará el esfuerzo, porque no se sabe qué está pasando”, explicó Bustillos, en radio Fides.

El especialista dijo que el estudio de diagnóstico tiene que ser técnico-científico. Además, este estudio debe brindar datos fehacientes y de campo que permitirán detectar todo lo que se ha perdido, para de esa manera planificar de mejor manera las acciones de recuperación del ecosistema chiquitano. “Antes es inútil porque sería poner un parche a herida”, aseguró.

La investigación permitirá además varias líneas de acción y responsabilidad de las instituciones que permitieron los chaqueos.

La sugerencia es realizada luego de que el Gobierno anunció que iniciará un plan de reforestación en el bosque chiquitano, con la incorporación de plantines.

Dicha propuesta se suma a otras voces de especialistas biólogos que explicaron que los planes de restauración no pueden pasar sólo por sembrar plantines, sino por la reconstrucción total del ecosistema de la región, debido a la complejidad de la cantidad de especies que existía en la Chiquitania.

Pagina Siete.

Publicidad