Procuraduría cuestiona a la CIDH por tener posición «sesgada» con pedidos de medidas cautelares

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El procurador general del Estado, José María Cabrera, entregó el miércoles una carta y observación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que le cuestiona su posición «sesgada» respecto a las solicitudes de medidas cautelares de ciudadanos bolivianos.

Según la misiva, entregada en persona en Estados Unidos por el Procurador, desde diciembre de 2019 a la fecha, la CIDH transmitió al Estado boliviano cinco solicitudes de medidas cautelares, de las cuales, en tres decidieron otorgar medidas de protección en tiempo récord.

No obstante, la carta de la Procuraduría advirtió que los argumentos vertidos en los escritos de remisión de información, Bolivia demostró objetivamente que no concurren los estándares legalmente establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En esa línea, la Procuraduría, a manera de ejemplo, recordó que el trámite de Juan Alipaz Aparicio, a quien la CIDH le otorgó medidas cautelares, distorsiona la naturaleza misma de ese procedimiento, que debe referirse a hechos actuales que pongan en riesgo la vida e integridad de quien lo solicita, situación que ameritaría que se adopten medidas urgentes a efectos de evitar daños irreparables.

Empero, la misiva de la Procuraduría establece que es evidente que, en ese caso particular, los presupuestos establecidos en el Artículo 25 del reglamento de la CIDH y la jurisprudencia interamericana no concurrieron, toda vez que las alegaciones de los ahora beneficiarios, además de haberse sustentado en supuestos acontecimientos ocurridos en 2011, alegaron sin mayores elementos materiales, el supuesto riesgo de sus vidas e integridad, en mensajes y llamadas, las cuales, no fueron acreditadas.

Así, cuestionó que la CIDH, entre 2006 y 2018 recibió 115 solicitudes de medidas cautelares, de las que solo fueron otorgadas tres, lo que evidencia una falta de celeridad en años anteriores, y una inusitada frecuencia en los últimos meses.

«Los datos señalados precedentemente evidencian que existe una posición sesgada de parte de la Comisión IDH, pues no se halla ninguna explicación que, durante el gobierno de Evo Morales, no les haya dado la misma celeridad a las solicitudes de medidas cautelares presentadas en ese periodo», señaló la Procuraduría.

Finalmente, la Procuraduría solicitó a la Decretaría de la CIDH extienda un detalle documentado de las solicitudes de medidas cautelares presentadas conta el Estado boliviano hasta noviembre de 2019 y que explique las razones de su rechazo.

mcr/ma ABI