Procuraduría afirma que Decreto 4200 no vulnera la libertad de expresión y es compatible con la CPE y los estándares del Pacto de San José

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La Procuraduría General del Estado (PGE) afirmó el jueves que el Decreto 4200 que endurece las medidas contra la propagación del coronavirus y establece que las personas que inciten el incumplimiento de la norma, desinformen o generen incertidumbre podrán ser denunciadas no vulnera la libertad de expresión y aseguró que esa disposición es compatible con la Constitución Política del Estado (CPE) y los estándares de convencionalidad de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y otros convenios internacionales en derechos humanos.

El 7 de abril de este año, la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch emitió, un comunicado, en el que señala que dicho decreto aprobado por el Gobierno incluye una disposición «excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas».

Al respecto, la Procuraduría informó, a través de un comunicado, que hizo un análisis minucioso de la observación de esa organización sobre el parágrafo segundo del artículo 13 del Decreto 4200 respecto a una posible restricción a la libertad de expresión y concluyó que esa disposición es «plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho, así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y demás convenios internacionales en materia de derechos humanos».

En esa línea, la entidad ponderó el interés de Human Rights Watch, así como de otras organizaciones de la sociedad civil y de la opinión pública, de velar por la vigencia, promoción y garantías de los derechos humanos en el país ya que también son de alto interés para el Estado boliviano.

El parágrafo segundo del artículo 13 del Decreto 4200 establece que las personas que inciten el incumplimiento de esa norma o desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujetas a denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública.

En ese entendido, la Procuraduría aseguró que la finalidad del artículo de dicho decreto es «prevenir la desinformación y no restringir la libertad de expresión».

Para ello, la entidad recordó que el artículo 21 de la CPE garantiza a los bolivianos el derecho a la libertad de expresión debido a que protege la transmisión libre de pensamientos, opiniones e ideas por cualquier medio de comunicación, oral escrito o visual, individual o colectivo.

En tanto, señaló que dicho artículo de la Carta Magna también asegura la libertad de información pues la misma protege «a la comunicación de versiones sobre hechos» en aras de que el ciudadano se entere fidedignamente de lo ocurre de verdad con base en los principios de «veracidad» e «imparcialidad», de forma en que las personas no sean inducidas a conclusiones falsas o erróneas sobre los hechos informados.

Por ello, la Procuraduría indicó que el propósito del artículo 13 del Decreto 420 es «generar conciencia en la población sobre la emisión de información errónea o falsa sobre el coronavirus que atenten contra la salud y las acciones gubernamentales tendientes a su mitigación; más no prohíbe o sanciona los juicios de valor u opiniones personales o colectivas de los ciudadanos respecto a aquella emergencia sanitaria y las acciones gubernamentales».

También la entidad manifestó que la disposición de dicho decreto tiene como fin legítimo proteger la salud y vida de todos los bolivianos mediante la difusión de información veraz y objetiva para que puedan conocer y cumplir con las medidas de protección de salud adecuadas asumidas por el Estado, según los parámetros internacionales de salud recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por tanto, la PGE aseveró que dicha norma es compatible con la CPE en sus artículos 13, 14, 21 y 37, así como con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 numeral 2.

Finalmente, la entidad aclaró que esa disposición no establece sanciones penales, no tipifica conductas, ni atribuye a ninguna autoridad la concesión de potestades de sanción penal.

«Mucho menos hace definiciones sobre qué es delito y qué no es; pues solo ratifica la facultad de denuncia penal que toda persona tiene ante el conocimiento de hechos que atenten contra la salud pública, tal como acontece con todos los demás delitos del Código Penal boliviano», indica el comunicado de la PGE.

AQZ-VCT/ABI